Van 3 militares detenidos por abusos en este sexenio

De enero a julio de este año la CNDH emitió 238 quejas a la Sedena, lo que representa una disminución de 53% respecto al mismo periodo de 2013.
 Enfrentamiento entre militares y civiles armados en San Martín Hidalgo
(Nacho Reyes)

México

Tres elementos del Ejército han sido puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por el delito de violencia, dos contra las personas y uno contra un vigilante, en la actual administración, en la que incluso hasta un general de brigada ha enfrentado cargos por desobediencia, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La versión de que militares masacraron el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, a 22 presuntos delincuentes, ocurre luego de que se diera a conocer una significativa reducción de quejas interpuestas contra personal del instituto armado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según el informe “Delitos del orden militar cometidos por personal”, entre el 1 de enero de 2013 y el 27 de mayo de 2014 se reportaron los casos de un teniente y un sargento segundo acusados por violencia contra las personas, así como el de un cabo por violencia contra un vigilante.

Durante ese periodo otros seis elementos del Ejército supuestamente incurrieron en el ilícito de infracción de deberes, que es el cargo que se les fincó a un oficial y siete elementos de tropa que se encuentran en la prisión del Campo Militar número 1-A del Distrito Federal, por los hechos de Tlatlaya, independientemente de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

La Sedena indicó que hasta mayo pasado habían sido sometidos a la PGJM 22 militares por desobediencia, que es la imputación que enfrenta el oficial involucrado en el abatimiento de los supuestos miembros de la delincuencia.

En los casos registrados hasta mayo pasado por desobediencia hay un general de brigada, mayores, capitanes primero, tenientes, subtenientes, sargentos primero y segundos, cabos y soldados.

El delito que más se ha cometido en el presente sexenio es deserción, con 393 casos, seguido de la desobediencia (22), abandono de servicio (20), abuso de autoridad (seis), infracción de deberes comunes (seis), violencia contra las personas (dos) y contra la administración de justicia (dos).

Robo a lo perteneciente al Ejército (uno), violencia contra un vigilante (uno), traición a las fuerzas armadas (un cabo), contra el honor militar (uno), infracción de deberes especiales de marinos (uno), insubordinación causando lesiones a un superior (un coronel).

En derechos humanos, la Sedena reveló que de enero al 7 de julio de 2014 se presentaron ante la CNDH 238 quejas contra militares, lo que representa una disminución de 53.69 por ciento con relación al mismo periodo de 2013 (514 quejas) y de 72.32 por ciento en comparación con 2012 (860).

Durante el lapso del 1 de diciembre de 2012 al 7 de julio de 2014, la CNDH emitió tres recomendaciones a la Sedena, de las que dos fueron aceptadas y otra se encuentra en “etapa de cumplimiento”.

En entrevista, Javier Oliva Posada, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó los avances que ha tenido la Defensa Nacional en la promoción y respeto de las garantías individuales.

Dijo que una de las prioridades del instituto armado en la actual administración es la reforma al sistema educativo militar, en la que la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea es un caso único en México, pues ahí “se enseña el respeto a los derechos humanos”.

El especialista comentó que en el caso de Tlatlaya no se debe caer en especulaciones ni en “montajes mediáticos”. En su opinión sería muy favorable que la PGR o las instancias responsables de la investigación den a conocer de manera periódica los avances en la averiguación previa para evitar conjeturas.

Manifestó que en éste como en cualquier otro caso, es fundamental que no exista impunidad, pero también que no se castigue a inocentes por presiones mediáticas.

Oliva Posada, sin embargo, comentó que se debe poner atención al hecho de que los familiares de las víctimas comenzaron a ventilar el caso tres meses después, sin que hubieran presentado una denuncia formal ante las autoridades u organismos de derechos humanos.

En un comunicado del 19 de septiembre de 2014, la Sedena reiteró que personal militar repelió una agresión armada en el municipio de Tlatlaya, por lo que es la más interesada en que el incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea están obligados a conducirse con pleno respeto a los derechos de las personas.

Durante la presente administración, la institución ha reportado la muerte —hasta el 1 de septiembre de 2014— de 40 integrantes de las fuerzas armadas por agresiones con arma de fuego, en el contexto de las operaciones contra la delincuencia organizada.

Durante el sexenio pasado, la Defensa Nacional reportó un total de 2 mil 494 agresiones contra personal castrense, en los que fallecieron 158 militares y 2 mil 959 presuntos delincuentes.



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