Sentencian a mexicano por homicidio que reveló ‘Rápido y Furioso’

Manuel Osorio fue condenado a 30 años de prisión en Arizona por la muerte de un agente fronterizo en 2010, cuya investigación reveló la existencia de la operación sobre el contrabando de armas.

Phoenix

El mexicano Manuel Osorio Arellanes fue sentenciado hoy a 30 años de prisión en Estados Unidos, por el homicidio de un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 en Arizona, en un incidente que implicaría armas de la operación "Rápido y Furioso".

El juez federal estadunidense David C. Bury dictó la sentencia este lunes, luego de una audiencia en la Corte Federal de Tucson, Arizona, en la que testificaron varios miembros de la familia del agente.

Osorio Arellanes se declaró culpable en octubre de 2012 del cargo de homicidio en primer grado contra el agente fronterizo Brian Terry, ocurrido el 14 de diciembre de 2010, al ser baleado por varios hombres que traficaban droga en un área cercana a Nogales, Arizona.

Las autoridades han identificado a otros cuatro sospechosos de haber participado en el homicidio de Terry, dos de los cuales han sido detenidos y los otros dos se encuentran prófugos.

Osorio Arellanes resultó herido en el tiroteo y fue el único detenido la noche misma en que ocurrieron los hechos.

El mexicano sostuvo que él no fue el tirador que mató a Terry, una versión que comparten los fiscales, aunque sostienen que es igualmente responsable al ser un participante voluntario en los hechos.

De acuerdo con las autoridades, Osorio Arellanes y sus cómplices se enfrentaron a balazos con agentes de la Patrulla Fronteriza al ser sorprendidos transportando consigo un cargamento de marihuana la noche del 14 de diciembre de 2010.

La muerte de Terry alcanzó notoriedad debido a que dos rifles automáticos AK 47 encontrados en el lugar fueron ligados al arsenal bélico contrabandeado a México bajo la Operación Rápido y Furioso, diseñado para rastrear las redes de contrabando de armas a México.

La operación permitió sin embargo el contrabando de miles de armas para el crimen organizado, y condujo a la renuncia de altos funcionarios de la Oficina de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Luego dio lugar a que se declarara en desacato al procurador general de Estados Unidos, Erick Holder, por negarse a divulgar documentos para una investigación del Congreso, bajo privilegio ejecutivo invocado por el presidente Barack Obama.