Abarca y narcos de Guerreros Unidos, denunciados desde mayo

De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero y la averiguación de la PGR, hubo imputaciones ministeriales por la comisión de diversos delitos contra el ex alcalde de Iguala.
Sitio donde fueron encontrados restos óseos calcinados.
Sitio donde fueron encontrados restos óseos calcinados. (Jorge Carballo)

México

En mayo pasado hubo imputaciones ministeriales por la comisión de diversos delitos contra el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez (prófugo), así como contra policías al mando de éste.

De acuerdo con el expediente 82/2014-I de la Fiscalía General de Guerrero y a la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014, de la Procuraduría General de la República, también hubo denuncias contra integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en esa ciudad y que presuntamente tenían vínculos con ambos servidores.

Debido al avance en las pesquisas de la PGR en el caso Iguala-Ayotzinapa, hoy se puede constatar que varios de esos delincuentes, entonces denunciados, de quienes en las averiguaciones previas se dieron nombres, apodos e incluso direcciones, fueron algunos de los principales ejecutores de la agresión contra estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.

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En la declaración ministerial del ciudadano Ernesto Pineda Vega (efectuada a partir de las 13:00 horas del 1 de mayo de este año en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco), líder social de la colonia San Miguelito en Iguala, que en abril de este año había denunciado públicamente la existencia de un narcolaboratorio y una fosa clandestina en su barrio, donde fueron hallados seis cuerpos y tres osamentas (ambos hechos fueron confirmados el 10 y el 16 de abril por autoridades locales y federales que aseguraron los sitios), así como numerosos secuestros perpetrados por Guerreros Unidos, aparecen nombres y hechos como estos:

—José Luis Abarca, el alcalde, imputado como presunto autor intelectual de dos asesinatos. Él y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, señalados como partícipes en secuestros y extorsiones.

—Mario y Rafael Casarrubias, El M y El Mochomo, respectivamente, imputados por ser “el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública”, junto a un grupo de cinco hermanos (Tilo, Osiel, Orebelín, Mateo y Salvador) conocidos como Los Peques, de apellidos Peralta Rodríguez.

Según las averiguaciones de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, El Mochomo es uno de los dos líderes de Guerreros Unidos que, meses después, dio la orden de desaparecer y eventualmente asesinar a los estudiantes normalistas.

Los Peques, sicarios al servicio de Guerreros Unidos, dedicados también al narcomenudeo, han sido señalados como algunos de los responsables de la agresión contra los estudiantes, de acuerdo con lo asentado en indagatorias de la PGR.

—La existencia y el domicilio del presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, El May, a quien también le dicen El Chucky o El Pelón, quien de acuerdo con pesquisas de la PGR sería jefe de plaza en Iguala y habría participado en la desaparición de los estudiantes. De hecho, los policías municipales le habrían entregado a él a los normalistas capturados.

El Gil, El Gallero, quien de acuerdo con la PGR hoy ya se sabe que se llama Gildardo López Astudillo, líder local de la organización criminal Guerreros Unidos, quien ordenó la desaparición de los cuerpos.

Habitante de Pueblo Viejo, al lado de Cerro Viejo, donde se encontraron nueve fosas clandestinas hace semanas, es, ni más ni menos, quien supuestamente procedió, junto a varios hombres más, a ejecutar a algunos de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo con las indagatorias de la PGR, una vez que recibieron órdenes de dos de sus jefes, uno de ellos Sidronio Casarrubias, ya detenido, quien lo instruyó vía mensajes de texto y de voz a través de un teléfono móvil.

—Un modus operandi de secuestros implementado por policías de Abarca y criminales que coincide con el que supuestamente ocurrió durante la agresión contra los jóvenes de Ayotzinapa:

“La policía municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, y éstos se encargan de negociar y cobrar sus rescates”, declaró Pineda Vega ante las autoridades.

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La declaración de Pineda Vega fue rendida ante el Ministerio Público del fuero común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General de Guerrero (expediente 82/2014-I). Al día siguiente de esa diligencia, el 2 de mayo de este año, se dio parte a la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la PGR, la cual inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.

Ernesto Pineda Vega, de 40 años de edad, oriundo de Cutzamala de Pinzón, habitante de la colonia San Miguelito, en Iguala, declaró estando preso, ya que había sido detenido el 23 de abril de este año en su domicilio, acusado del secuestro del ciudadano de Iguala Alfredo Salgado Salgado, ocurrido el 22 de abril. El hombre fue hallado por agentes ministeriales guerrerenses al día siguiente de su desaparición y en ese momento imputó a Pineda Vega como el autor de su secuestro. El mismo día de su captura, Pineda Vega, en su calidad de líder de la colonia donde habita, había hecho declaraciones a la prensa local en las que denunciaba que el cártel Guerreros Unidos había secuestrado y desaparecido a “un innumerable número de personas”.    

Según sus dichos ministeriales, Abarca como su secretario de Seguridad Pública estaban involucrados en estos ilícitos. Para sustentar sus acusaciones narró ante el Ministerio Público que, ante las protestas de los padres de uno de los secuestrados (el ciudadano Luis Pacheco), tanto Abarca como su jefe policial dieron instrucciones de que el plagiado fuera liberado. Tales instrucciones, contó Pineda Vega, fueron dadas a Mario y Rafael Casarrubias, El M y El Mochomo.

Pineda Vega, como se mencionó, había denunciado semanas atrás la existencia de un narcolaboratorio en la zona, hecho del cual se percató debido a los “fuertes olores que enfermaban a los niños”. Su denuncia verbal la hizo ante el 27 Batallón Militar en Iguala. Y en efecto, el 10 de abril, efectivos del Ejército mexicano desmantelaron el laboratorio donde se elaboraban drogas sintéticas. Días después, el miércoles 16 de abril, integrantes de diferentes corporaciones policiacas localizaron un total de seis fosas clandestinas, en las cuales fueron hallados seis cuerpos en estado de descomposición y tres osamentas humanas, también en las inmediaciones de la colonia San Miguelito, al poniente de Iguala.

LA AMENAZA DE MUERTE

Pineda Vega no solo ha sido líder de su colonia, también colaboraba en las movilizaciones sociales de Arturo Hernández Carmona, dirigente del Frente Unidad Popular, quien en mayo del 2013 fue secuestrado y luego asesinado por Abarca, de acuerdo con las indagatorias de la PGR sobre el caso. Pineda Vega contó en su declaración ministerial que, ocho días antes de la desaparición de Arturo Hernández, Abarca lo llamó a su oficina y lo amenazó:

“Quiero señalar que yo anduve trabajando con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajos recursos (fertilizantes para campesinos) ante el presidente municipal de Iguala, quien en una ocasión me llamó en lo privado, siendo esto ocho días antes de que levantara a Hernández, y me dijo lo siguiente: ‘A ver, hijo de la chingada, ya me tienen hasta la madre. O te separas de Cardona, o vas a correr la misma suerte’.”

Según Pineda Vega, en sus dichos ante el Ministerio Público, Abarca también mandó asesinar en 2013 al síndico Justino Carbajal (homicidio del cual Abarca fue acusado públicamente por Hernández Cardona), a Rafael Ochoa, líder de una colonia rumbo a la salida hacia Taxco, y ordenó el secuestro de los propietarios y de 20 trabajadores de una gasolinera ubicada en la salida de la ciudad hacia el municipio de Teloloapan.

Pineda Vega también dio cuenta de extorsiones de “200 pesos a cada uno de los choferes y dueños de taxis locales”, lo que representaría alrededor de 3.2 millones de pesos mensuales por 2 mil unidades. De igual manera, narró los cobros de piso de 10 mil y hasta 20 mil pesos mensuales a los comercios locales, con el supuesto aval de Abarca y de su jefe policiaco.

De acuerdo con Pineda Vega, el secuestro que le imputaban se lo “mandaron a fabricar”, por todas las denuncias públicas que hizo sobre laboratorios, fosas y nexos con el crimen organizado del alcalde y sus subordinados, así como por haber dado a conocer las actividades de los delincuentes. Según él, un hombre llamado Crisóforo Tinoco Bahena habría recibido 2 millones de pesos para matarlo a él y a toda su familia, por órdenes del secretario de Seguridad Pública de Iguala, esto debido a que “les estorbó para seguir con su organización, Guerreros Unidos, de la cual forma parte Adolfo Salgado Salgado”.

MILENIO tuvo acceso a los documentos aquí citados, de los cuales posee copias.



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