Pleno de Corte determinará si PGR debe publicar expediente de masacre en San Fernando

La primera sala determinó que sea el pleno quien discuta el tema debido a la trascendencia y del precedente que puede emitirse.
La Secretaría de Marina halló los cuerpos de 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres, en esta casa de San Fernando, Tamaulipas, tras la denuncia de un ecuatoriano. Archivo.
En diciembre de 2014, la PGR desclasificó una parte del expediente de la matanza de San Fernando, debido a una orden del entonces Instituto de Acceso a la Información (IFAI) hoy INAI. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva si la Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer públicas las averiguaciones previas que tiene en curso y que persiguen delitos de lesa humanidad, como la masacre de 72 migrantes extranjeros en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y lo sucedido en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

Debido a la trascendencia y del precedente que puede emitirse, la Primera Sala de la Corte determinó dejar en manos del Pleno un amparo que promovieron dos familias de El Salvador, que perdieron a sus parientes en la masacre en San Fernando.

A los quejosos, la PGR les negó el acceso al expediente, además de que demandaron que se les reconozca el carácter de víctimas.

Los centroamericanos buscaron el apoyo de la asociación civil denominada Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Estado de Derecho, quienes les ayudaron a ampararse.

El asunto recayó en febrero de este año en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, luego de que éste fue atraído por la Sala a propuesta de su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La ministra que pasará al retiró el próximo 30 de noviembre coincidió con sus homólogos que por tratarse de un asunto relevante que puede sentar un precedente tiene que discutirse en el Pleno del máximo tribunal de justicia del país.

La Primera Sala aún tiene pendiente por conocer un amparo similar, pero de la organización Artículo 19, quien busca que se transparente el expediente de las casi 200 fosas localizadas en el municipio tamaulipeco de San Fernando, en 2011.

AMPARO FUNDACIÓN

El Pleno de la Corte también resolverá si las asociaciones civiles tienen interés legítimo para conocer los expedientes, particularmente cuando éstas se dedican a la protección de derechos humanos.

El juez que conoció la demanda de garantías de la fundación resolvió que la asociación no tenía legitimación para comparecer en el juicio, y sólo concedió el amparo para el efecto de que la PGR analizara el potencial carácter de víctimas de los familiares.

La resolución originó que la Representación Social de la Federación interpusiera un recurso de revisión que fue atraído por la Sala a petición del ministro Zaldívar. Posteriormente, el asunto recayó en la ponencia de Sánchez Cordero.

Al respecto, Ana Lorena Delgadillo, presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Estado de Derecho, dijo que no veía positivo que se aplazara la discusión del tema, cuando es de interés nacional.

Mencionó que en su demanda, ellos también exigen que se transparente la averiguación previa de Cadereyta donde se localizaron 49 torsos.

Lorena Delgadillo manifestó que espera conocer el proyecto de la ministra para saber en qué términos venía su propuesta y también tiene interés de saber a quién se le va a reasignar el asunto.

Puntualizó que la fundación está ejerciendo su derecho a conocer la verdad, la cual contempla la Ley Federal de Víctimas.

SAN FERNANDO

En diciembre de 2014, la PGR desclasificó una parte del expediente de la matanza de San Fernando, debido a una orden del entonces Instituto de Acceso a la Información (IFAI) hoy INAI.

Lo anterior derivó por una petición realizada por The National Security Archive, fundada en 1985 por periodistas y académicos. En un inicio la información fue negada, pero la asociación ganó tras promover un recurso.