Después de recorrer inútilmente las instancias de justicia del país, se volvió una experta en investigaciones y derecho, y ahora conoce muy bien este “ineficiente sistema de justicia mexicano”, que, asegura, ya no la engaña.
En entrevista, narró lo que ha encontrado en estos 17 años de indagatorias que le permitan responder las preguntas que la rondan desde entonces: quién o quiénes mataron a su hija y por qué.
LOS HALLAZGOS EN 17 AÑOS
Lilia Alejandra tenía 17 años de edad cuando desapareció, un 14 de febrero de 2001, luego de salir de trabajar de la maquiladora en Ciudad Juárez para abordar un camión que la regresaba a su hogar. Su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.
Dejó en orfandad a su hija de 5 meses y a un niño de 1 año 8 meses de edad. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria, quería ser periodista y para lograrlo se empleaba en la industria de la maquila.
En el certificado de autopsia se determinó que fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. También fue víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.
Norma Andrade recordó que antes del asesinato hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.
Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia, pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago al trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.
Narró que se enteró de su asesinato por la llamada de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible, pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.
Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que le dieran algunas pistas sobre el paradero de su hija. Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.
También siguió la línea de investigación del FBI, que aseguraba que el feminicidio estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos, pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.
¿ASESINOS SERIALES?
Tuvieron que pasar nueve años y la intervención de varios abogados expertos para tener un poco de luz sobre quiénes podrían ser los responsables. Fue así como solicitó la ayuda de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el abogado David Peña Sánchez —quien, conjuntamente con la abogada Karla Micheel Salas, litigó uno de los casos de feminicidio del campo algodonero ante la CoIDH— tomó el caso. La primera acción que hizo, recuerda Norma, fue pedir de inmediato al Ministerio Público realizar un peritaje a la cobija en la que Lilia Alejandra fue envuelta.
Esta prueba arrojó seis perfiles genéticos por medio de los cuales no solo se corroboró que fue un grupo de hombres quienes la privaron de la libertad, violaron y asesinaron, también se identificó que estuvieron relacionados con otros tres casos de feminicidio. En suma, dijo la defensora, al cotejar con las bases de datos, resultó que uno de los agresores era familiar de un fiscal de la procuraduría de Chihuahua.
Norma recordó que después se identificaría otra víctima más de este grupo, hecho que se constató porque el cuerpo fue expuesto de manera similar y tenía los mismos patrones de las otras víctimas: niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad que eran privadas de la libertad alrededor de tres días y encontradas asesinadas con signos de violencia sexual y tortura.
La primera fue en 1994, se llamaba María del Rocío Cordero Esquivel, tenía 10 años de edad y fue identificada por el patrón de operación de los agresores y exposición del cuerpo; hubo otras dos víctimas en 1995 y 1996. Alejandra fue la cuarta mujer asesinada en 2001 y la última fue en 2005, Coral Arrieta Medina; también de 17 años de edad y trabajadora de la maquila.
Norma Andrade mencionó que solo conoce a la familia de una de las víctimas de los mismos asesinos de su hija. Las autoridades se han negado a darle la información sobre las demás. “Las sigo buscando”, aseveró.
LA ESPERANZA: LA CIDH
El 9 de abril de 2003, la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó las irregularidades que hubo en la investigación: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.
El Estado mexicano pidió que no se admitiera. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra, pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.
El 19 de marzo de 2012 la CIDH resolvió atraer la petición de Norma Andrade y, sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.
Reconoció las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García, y su hermana, María Luisa García: a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.
Hoy la única salida para que Lilia Alejandra obtenga justicia y se dé celeridad con la investigación es que la CIDH se pronuncie al respecto y pueda dar paso a que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
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