Los mataron, quemaron y lanzaron al río: Murillo

Afirma que la investigación no se cerrará hasta que todos los responsables sean castigados; señala que no hay ni una prueba que involucre al Ejército en los hechos ocurridos en Iguala.

México

La “verdad histórica” es que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre del año pasado “fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan”, en Cocula, Guerrero, afirmó ayer el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, aseguró el funcionario.

En conferencia de prensa y acompañado del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el procurador dio a conocer las conclusiones de la investigación que la PGR realizó durante los últimos cuatro meses para tratar de encontrar a los estudiantes desaparecidos.

Indicó que las pruebas recabadas son contundentes y no dejan a lugar a dudas de que el ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad y de Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos.

“Quien quiera dudar de esto, yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público fueran coadyuvantes en la defensa; nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados (los responsables) y castigarlos (por secuestro agravado y desaparición forzada) con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar”, puntualizó Murillo.

Aseguró que no hay una prueba que involucre al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de haber participado en los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza), lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, enfatizó.

Sin embargo, aclaró que la investigación no puede cerrarse en tanto no se castigue a todos los responsables.

“Cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada. Mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables no puedo cerrarla, es decir, no es la palabra adecuada, pero si usted me pregunta si los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron, yo le diría que sí, y mucho más que en muchos otros casos”, detalló.

Zerón dijo que el móvil de este crimen “es que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico (Los Rojos) de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida”.

No obstante, el procurador dejó claro que no hay elementos que confirmen dicha aseveración que le costó la vida a los normalistas.

“La procuraduría no puede decir que ninguno de ellos pertenecía a ningún grupo delictivo. Con toda franqueza yo creo que la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían más deseos de ser maestros y de estudiar que de cualquier otra cosa y que por eso se ajustaban a lo que les pedían. Yo los veo auténticamente como las víctimas más dolorosas de todo este proceso”, dijo Murillo.

También agregó que los elementos que obran en el expediente “permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden”.

Las declaraciones

El director de la AIC, Tomás Zerón, recordó que el pasado 15 de enero la Policía Federal, en coordinación con personal del Ejército, detuvo en Jiutepec, Morelos, a Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.

El Cepillo —consignado ayer al penal de El Altiplano por delincuencia organizada y secuestro agravado— era jefe de sicarios de Guerreros Unidos y realizaba, en coordinación con el subdirector de la policía municipal de Cocula, César Nava González, y sus subordinados, la protección del municipio para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.

Zerón mencionó que la célula que lideraba Rodríguez estaba conformada por una docena de informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona.

Después de los hechos de septiembre en Iguala, El Cepillo abandonó Guerrero y se internó en Estados Unidos, pero su situación se complicó —e incluso se perdió en el desierto y fue deportado— y regresó a Morelos.

“Esta detención ha sido clave dentro de la investigación, no solamente porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices”, comentó Zerón.

De acuerdo con sus propias declaraciones, Felipe Rodríguez narró que el 26 de septiembre pasado recibió una llamada en la cual se le informó que un grupo antagónico estaba atacando Iguala, ordenándole que se trasladara al lugar conocido como Loma del Coyote, donde le serían entregados unos “paquetes”, concepto utilizado para referirse a los “enemigos” cuando eran capturados.

“El Chucky me llamó por teléfono y me dijo que me iba a entregar los paquetes que llevaba detenidos y que eran del grupo contrario, Los Rojos…”, relató El Cepillo.

En Loma del Coyote le fueron entregados los normalistas por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, las cuales fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró.

“Por lo que pude apreciar que probablemente eran entre 38 y 41 detenidos sin poder precisar ya que no los conté, así también me pude percatar que algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados ya ensangrentados; de policías pude apreciar que también venían entre 30 y 35 sin poder precisar ya que no los conté…”, agregó el jefe de sicarios.

Rodríguez detalló los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él dio la orden a Patricio Reyes Landa, El Pato, de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de sus víctimas.

“… llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo los que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente de 15 a 18 estudiantes.

“… le encargué al Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistas y de darles piso, y que destruyera todo, que quemara celulares y pertenencias de los detenidos ya que esa había sido la instrucción…”

Incluso Rodríguez reveló que se retiró del basurero y se dirigió a la casa de Gildardo López Astudillo, El Gil, donde amaneció en espera de más instrucciones y regresó al basurero, donde “el fuego había reducido a cenizas a las víctimas”, de acuerdo con la lectura que realizó Zerón de Lucio de la declaración ministerial del presunto delincuente.

El Cepillo relató también que “al llegar al basurero me percaté que todavía estaba un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde le pregunte al Pato y me dijo que los pusieron en una plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel, terminando de incinerarlos ya por la tarde”.    

Fue entonces cuando El Cepillo, por órdenes de El Gil, instruyó a El Pato comprar bolsas de basura, recoger las cenizas con una pala y tirarlas al río San Juan. Zerón de Lucio destacó que lo confesado por Rodríguez Salgado coincide con lo narrado por otros detenidos.

Dijo que la versión de que los estudiantes pertenecían a un grupo antagónico del crimen organizado “surgió de los líderes de la organización” entre ellos, el ex alcalde de Iguala, su esposa y Sidronio Casarrubias.

Rodríguez Salgado y otros responsables son acusados de secuestro, con el agravante del homicidio durante la privación ilegal de la libertad, por lo que la PGR pedirá una pena de hasta 140 años.

Desmienten versiones

En la conferencia, el procurador y el director de la AIC también mostraron evidencias para echar por abajo afirmaciones difundidas sobre la supuesta imposibilidad de incinerar 43 cuerpos a la intemperie y los señalamientos de los peritos argentinos respecto de que no conocieron el hueso esfenoides izquierdo que permitió identificar el material genético de Alexander Mora Venancio, único hallazgo, hasta la fecha, del laboratorio de la Universidad de Innsbruck.

Explicaron que se realizaron 487 dictámenes periciales, las llantas, el diésel y la gasolina sirvieron para una combustión suficiente y alcanzar una temperatura de mil 600 grados celsius que no solo ocasionó una descomposición, sino una fusión de los restos de los normalistas, que imposibilita su identificación genética, e incluso las rocas del lugar cambiaron su composición química.

Explicaron que la conflagración derivada del incendio en el basurero de Cocula, con una dimensión de 140 metros cuadrados, afectó una área de aproximadamente 800 metros cuadrados, ubicada en una oquedad natural de entre 30 y 40 metros de profundidad, que creó un entorno óptimo de oxigenación del fuego “asemejando un gran horno”, de acuerdo con Zerón.

Se informó que el Instituto de Biología de la UNAM estudió las larvas dípteras y plantas que crecieron después del incendio y concluyeron una correspondencia con la fecha del suceso.

De los cuestionamientos de los peritos argentinos, Murillo aseguró que están grabadas las videoconferencias con los expertos de los laboratorios donde se eligieron los restos para enviar a Innsbruck y dijo desconocer si estos peritos se encontraban en el río San Juan cuando precisamente el hueso esfenoides fue encontrado. “No podría afirmarlo, lo que sí sé es que había un equipo enorme de peritos y para mí son también muy respetables los peritos de la procuraduría, los mexicanos”, dijo.

El procurador afirmó que “de manera completa ha quedado acreditado” que los restos encontrados en el río, incluida la tierra, residuos neumáticos y otros elementos sólidos analizados, corresponden químicamente con los encontrados en el basurero”. También reveló que se encontraron alrededor de 60 mil restos óseos.

Murillo hizo ver que se obtuvieron 386 declaraciones, se realizaron 16 cateos y tres reconstrucciones de hechos, así como 93 pruebas de forensia telefónica y, con base en dichos elementos científicos, existe la convicción de que todos los detenidos están vinculados con los hechos de septiembre pasado en Iguala.