• Regístrate
Estás leyendo: Las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CNDH
Comparte esta noticia

Las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CNDH

En la mayoría de las acusaciones, personal de la Policía Federal, así como del Ejército ha protagonizado las ejecuciones, violando el derecho a la vida, la seguridad y la justicia.

Publicidad
Publicidad

Durante los últimos tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado la ejecución extrajudicial de al menos 38 personas en enfrentamientos ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, sólo por mencionar algunos casos.

En la mayoría de las acusaciones, personal de la Policía Federal, así como del Ejército ha protagonizado las ejecuciones, violando el derecho a la vida, la seguridad y la justicia.

Milenio te presenta algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, documentados por la CNDH.

Tanhuato, 22 de mayo de 2015

Un operativo de la Policía Federal en contra de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó como saldo 42 civiles muertos, de los cuales 22 fueron ejecutados de manera extrajudicial.

La CNDH detalló que luego de una investigación con pruebas técnicas y científicas, se logró determinar que durante el enfrentamiento hubo violaciones graves a los derechos humanos por parte de la Policía Federal, y otras violaciones no graves atribuibles a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Se determinó que las autoridades violaron el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad, a la justicia y la verdad, entre otros, lo cual dificulta que este caso sea esclarecido en su totalidad debido a la manipulación de elementos y evidencias.

En respuesta al informe de la CNDH, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que el uso de la fuerza, por parte de la Policía Federal, fue justificado y proporcional a la amenaza que enfrentaban.

Aseguró que pese a que los uniformados pidieron a los civiles deponer las armas, éstos respondieron con un ataque, por lo que las acciones de la policía fueron conforme a derecho.

Apatzingán, 6 de enero de 2015

La CNDH documentó el uso excesivo de la fuerza por parte elementos de la Policía Federal, que derivó en la muerte de cinco personas, así como en la ejecución extrajudicial de una más, durante el desalojo de la presidencia municipal de Apatzingán.

Durante la madrugada, un grupo de 44 policías federales y 287 militares llegaron al lugar debido a la presencia de un grupo de civiles armados.

De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron en dos eventos: el primero entre las 2:30 y las 7:40 horas y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 horas. En este último, la comisión documentó violaciones graves a derechos humanos, "en virtud de que se acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más por parte de la PF".

El organismo aseguró que durante el enfrentamiento entre autodefensas y la policía, se violó el derecho a la vida, a la integridad personal y la inadecuada atención médica.

Las recomendaciones emitidas por la CNDH fueron para el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, para que colaborara en la denuncia y queja por las violaciones graves que provocaron los decesos; así como por las lesiones innecesarias infligidas a cinco civiles.

Al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que coadyuvara en la denuncia y queja por las lesiones innecesarias infligidas a dos civiles, así como por el trato cruel, inhumano y degradante en agravio de una persona.

Al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que colaborara en la queja por la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de diez personas, y las irregularidades en la identificación de dos cadáveres.

Cabe mencionar que al momento de los hechos, el gobernador de Michoacán era Salvador Jara, sin embargo, la recomendación de la CNDH se dio hasta el mandato de Silvano Aureoles.

Tlatlaya, 30 de junio de 2014

Durante la madrugada, un grupo de militares realizaba un recorrido de seguridad en el poblado de San Pedro del Limón, en Tlatlaya, donde detectaron a varios sujetos armados dentro de una bodega.

Presuntamente, al verse descubiertos, los civiles dispararon contra personal militar, lo que generó una balacera, en la que 22 agresores perdieron la vida.

Tras una investigación, la CNDH concluyó que 15 de los 22 civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército.

El entonces ombudsman nacional, Raúl Plascencia, detalló que la escena del crimen fue alterada por los militares con la intención de simular que todas las muertes habían ocurrido durante el enfrentamiento, el cual duró entre cinco y ocho minutos.

El organismo aseguró que el uso de la fuerza fue injustificado debido a que las víctimas se encontraban sometidas y desarmadas, por lo que no representaban una amenaza para los militares.

Además, la CNDH documentó "tortura y agresiones sexuales" cometidas por parte de personal de la procuraduría mexiquense en agravio de dos personas y tratos inhumanos en contra de una más.

Siete elementos del Ejército fueron juzgados en el fuero de guerra, y sólo uno de ellos fue sentenciado a un año de prisión al encontrarlo responsable del delito de desobediencia.

Torreón, 12 de mayo de 2013

Tres personas fueron detenidas por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, sin motivo ni orden de aprehensión alguna.

Una de las víctimas fue violada en diversas ocasiones por los agentes, mientras que otro de los detenidos fue torturado por policías municipales y elementos del Ejército, los cuales le causaron la muerte.

Tras la muerte de uno de los detenidos, las otras dos víctimas fueron puestas a disposición de las autoridades.

Nuevo León, 7 de agosto de 2013

Una persona fue detenida y ejecutada de manera arbitraria por ocho elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo León.

De acuerdo con la CNDH, el padre de la víctima denunció que su hijo fue interceptado por tres camionetas de la Secretaría de Marina; dos meses después, fue localizado su cadáver en un rancho a ocho kilómetros de la base naval en Anáhuac, Nuevo León.

La dependencia infirió que como los marinos fueron los últimos en ver con vida a la víctima, eran los responsables de la desaparición forzada.

AA

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.