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Domingo , 24.06.2018 / 14:50 Hoy

La violencia aumentó 45% en Chihuahua durante 2017

Las confrontaciones entre diferentes bandas de narcotraficantes han provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas, sobre todo de campesinos e indígenas tarahumaras asentados en la sierra.

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Melissa Del Pozo

En Chihuahua la violencia había cedido, después de padecer los periodos más sangrientos de su historia (2010-2011), pero en 2017 la pesadilla regresó: los grupos de la delincuencia organizada incrementaron su presencia y sus disputas, a tal grado que los homicidios dolosos aumentaron 28 por ciento respecto a los registros de 2016, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los asesinatos relacionados únicamente al crimen organizado crecieron 44.9 por ciento en el mismo periodo, según las cifras del recuento mensual de MILENIO.

Las confrontaciones entre el cártel de Sinaloa, La Línea y las escisiones de éstos han provocado también el desplazamiento forzado de cientos de personas, sobre todo de campesinos e indígenas tarahumaras asentados en la sierra.

Es el caso de Luis López, quien a sus 72 años abandonó el patrimonio que forjó por más 35 años de trabajo. Él y su esposa cedieron a las amenazas de grupos criminales que se apoderaron de su rancho, más de 150 hectáreas en Urique, donde “por lo menos sacaba con mi familia 10 mil pesos mensuales, criando marranos, vacas, gallinas, hacía queso, sembrábamos frijol, manzana, de todo lo que la tierra diera”, cuenta, mientras se acomoda su sombrero.

Del campo a la ciudad, ahora don Luis gana apenas 100 pesos al día reparando tuberías o poniendo cemento a las casas; dinero que “apenas alcanzan para pagar el cuarto donde vivimos apretaditos”. Se explaya e inicia una narrativa de horror:

“Todo comenzó a ponerse mal cuando levantaron a mi hermano, —el comisario Ejidal en Monteverde—, lo llevan del municipio de Guazapares al de Urique, lo tiran lo matan y luego empezaron a amenazarnos”, recuerda lo ocurrido en enero de 2017.

Tras el asesinato de su hermano, su familia y al menos una centena de ejidatarios en los poblados de Guazaparez y Urique, en la sierra de Chihuahua, comenzaron a recibir amenazas de grupos armados. “Empezaron a matar, a sacar gente. A mí me dijeron ‘sálgase y si queremos le damos una renta’. Yo me salí, pero no les tuve confianza por lo que hicieron con mi hermano. Nunca trate de arrimármeles ni buscarles mucho la cara, porque yo sabía que lo querían era desaparecerme y querían mi tierra para sembrar sus cosas”.

Sus cosas: droga.

“Como no cedí, unos días después me encuentran unos 20 sicarios en el camino, me sofocan y le dicen al comandante que me retire porque me van a reventar”, explica Luis en el cuarto que ahora comparte con su esposa y otras cuatro familias en la ciudad.

Aunque las autoridades carecen de datos precisos sobre el número de familias que han tenido que desplazarse por la violencia en el estado, organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizaron en el último año más de cuatro mil chihuahuenses que abandonaron sus viviendas por la inseguridad.

Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, asegura que los “grupos tienen el control total de los municipios y de sus policías, particularmente en Guadalupe y Calvo, que está en el centro del Triangulo dorado, y en Cuauhtémoc, que es la puerta precisamente a la sierra y toda esa zona donde amenazan también a las comunidades indígenas”.

El Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, cuenta Ruth, incluso comenzó a atender a la población en general y no solo a las mujeres que llegaban a esa organización en 2010, en 2011, “cuando los picos de violencia se dispararon, específicamente los homicidios”.

Ahora, explica la especialista, “hay una diversificación de delitos, sobre todo los que son difíciles de cuantificar y en los que las autoridades no han puesto atención, como los desplazamientos que ahora se caracterizan por ser personas que definitivamente no tienen posibilidad de ir por ejemplo a otro país a pedir asilo, como ocurrió con los empresarios en 2010 y 2011”.

Muchos de los casos que acompañan llegan a la ciudad con lo que traen puesto y muchos de ellos sin haber vivido alguna vez en una urbe.

LA OTRA PESADILLA

Otra consecuencia de la violencia en la entidad son las desapariciones. Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde 2015 más de dos mil personas continúan como no localizadas. Las organizaciones y activistas advierten que esa cifra es lejana a la realidad y que “la incidencia no discrimina estrato social, género o raza. Aquí tenemos casos de todo tipo”, explica Fierro.

En junio, el hermano de Diego Nájera, mejor conocido como Pollo Nájera un popular locutor de radio en Chihuahua, desapareció en el poblado de La Junta, cerca del municipio de Cuauhtémoc, uno de los municipios más violentos de la entidad. Solo en 2017 en ese municipio se cometieron 42 homicidios con conexión al narcotráfico.

El 20 de junio de 2017, las autoridades localizaron la camioneta de Leonel Raúl Nájera cerca del campo de manzanas donde trabajaba. Su familia identificó el vehículo, así como las credenciales e identificaciones abandonadas en el asiento del mismo.

“Yo diría que alguien lo siguió a ese lugar y se bajó y corrió, pero yo ya busqué, ya pregunté, ya fuimos a todos lados, a las casas cercanas, la cosecha ya la levantaron ya hubiese salido un cuerpo, pero no sabemos nada y es lo más estresante que puede pasarnos”, cuenta Diego desde la cabina de radio donde complace con canciones a sus radioescuchas.

“Para mi familia ha sido muy complicado, nunca pensé estar en esta situación”.

En julio, Diego encabezó una marcha por la paz en la capital del estado para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso de su hermano y el de cientos de familias que con playeras y banderas blancas acompañaron al locutor por más de cuatro horas.

Chihuahua ocupa el sexto lugar a escala nacional de personas que han sido desaparecidas de manera forzada. Ruth Fierro, la directora de CEDHEM, insiste en que en las desapariciones hay una cifra negra que persiste en el tiempo, pues a las que ocurren en el año, se suman los expedientes de familias que esperan a sus familiares desde hace 10 años.

Ahora, explica Ruth, “sabemos de casos que recientemente las mismas autoridades recomiendan no denunciar la desaparición, porque se corre más peligro de que entonces no aparezca, que si se los llevaron por equivocación, ponen la denuncia y entonces se eliminan las posibilidades de que los liberen”.

Por ello, cuenta Diego, “si mi hermano regresa nosotros no queremos voltear hacia atrás, nosotros vamos hacia adelante y no voltearemos a ver quién fue y qué hizo”.

Chihuahua, el horror otra vez…

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