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Domingo , 21.10.2018 / 21:35 Hoy

La Barbie pide a un juez que revise su caso

Édgar Valdez Villarreal dice en un escrito que hubo irregularidades en su detención y que sus derechos fueron violados por la PGR.

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Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, solicitó a un juez que revise su caso al argumentar que hubo irregularidades en su detención y que sus derechos fueron violados por la Procuraduría General de la República.

En un escrito enviado al juez Sexto de Distrito de Procesos Penales con residencia en Toluca, La Barbie asegura que durante la gestión de Felipe Calderón y cuando Genaro García Luna estaba al frente de la PGR se montaban escenarios inexistentes y detenciones ilegales, como la de Florence Cassez.

El capo menciona que entre las irregularidades en su caso, elementos de seguridad entraron a su rancho sin una orden de cateo y que fue ahí donde lo detuvieron y no en la calle por ir a exceso de velocidad, como lo indicaron autoridades federales en 2010.

La Barbie asegura que prueba de ello está una fotografía que presentó la propia PGR en su contra, en la que se le ve hincado y de fondo se observa una fuente y un jardín, mismos que corresponden al interior de su rancho.

"Esa fotografía me beneficia porque estando dentro del rancho y sin orden de cateo es un claro hecho de la ilegal detención del que fui víctima", dice en el escrito.

Por ello, pide al juez que vea el video de grabó uno de los agentes de la Policía Federal que participaron en el operativo, en el que, asegura, se ve cuando entran a su rancho y lo detienen solo y sin armas.

Además indica que fue detenido el 30 de agosto de 2010 y que fue hasta un día después cuando apareció ante los medios de comunicación, "entre golpes, torturas y fabricaciones de declaraciones".

La Barbie dice que ante las irregularidades en su caso y que expone al juez puede alcanzar su libertad para poder estar con su familia y sus hijos "que me desmorona ver cómo crecen sin el apoyo mío".

Édgar Valdez Villarreal fue capturado el 30 de agosto de 2010 en un operativo de la Policía Federal en el Estado de México.

La Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que Estados Unidos daba 5 millones de dólares.

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