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Sábado , 23.06.2018 / 05:48 Hoy

Juez ordena a PGR dar acceso a expediente a suegros de Duarte

Antonio Macías Yazegey y María Tubilla Letayf tampoco pueden ser detenidos por la PGR hasta que se les respete su derecho a la defensa, ya que un juez federal les dio una suspensión provisional.

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Rubén Mosso

La Procuraduría General de la República deberá dar acceso a la averiguación previa a Jesús Antonio Macías Yazegey y a María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, suegros del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

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La medida se debe a que un juez federal les otorgó una suspensión provisional, con lo que además impide a la PGR detenerlos y consignarlos hasta que se les respete su derecho a la defensa.

El matrimonio también impugnó el “hostigamiento” policial del que han sido objeto en sus domicilios y el congelamiento de sus cuentas bancarias, como parte de la pesquisa que tiene en marcha la PGR contra prestanombres del gobernador, que crearon empresas fantasmas para hacerlas pasar como proveedoras de insumos al gobierno del estado.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron que la suspensión fue notificada este jueves por Fidel Quiñones Rodríguez, juez Décimo de Distrito del estado de Veracruz.
En la demanda de garantías, Macías y Tubilla reclamaron la privación de sus derechos de contar con una debida defensa dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016; asimismo, por el aseguramiento ministerial de las cuentas bancarias que tienen en los bancos Santander y del Bajío.

De igual manera, impugnaron la orden de aseguramiento precautorio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la orden de aseguramiento emitido en el oficio UEIDFF/366172016, por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales.

El juez otorgó la suspensión a los quejosos contra la orden de localización y presentación girada en su contra, para que “no sean privados de su libertad personal; hasta en tanto se notifique a los responsables la resolución que recaiga en la suspensión definitiva”; a cada uno se les fijó una caución de mil 500 pesos.


VJCM

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