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Lunes , 25.06.2018 / 03:49 Hoy

Juez civil da 31 años de cárcel a militar

La PGR acreditó la responsabilidad del subteniente en el caso fechado el 20 de mayo de 2012, del cual hasta hoy se desconoce el paradero de la víctima.

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José Antonio Belmont

Luego de las reformas de ley realizadas el año pasado, por primera vez este martes un tribunal civil sentenció a un militar por el delito de desaparición forzada.

El juez primero de distrito en materia penal en Nuevo León, Esteban Salinas Wolberg, dictó sentencia de 31 años y tres meses de prisión contra un subteniente de infantería del Ejército.

En la causa penal 104/2013, la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la responsabilidad penal del militar en desaparición forzada cometido en agravio de una persona, cuyo paradero aún se desconoce.

En abril del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó que los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados ante tribunales civiles cuando cometan delitos contra ciudadanos.

Por ello modificaron los códigos de Justicia Militar y el Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Ayer, el juzgador federal estimó que quedó plenamente acreditado por la autoridad ministerial que la víctima fue privada de su libertad ilegalmente por el militar el
20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta esta fecha continúa sin saberse de ella.

El subteniente fue condenado a prisión, así como a la destitución de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses, esto con base en lo dispuesto por los artículos 215-A, 215-B y 215-C del Código Penal Federal, mismos que prevén y sancionan el delito de desaparición forzada.

El Consejo de la Judicatura Federal explicó que Salinas Wolberg basó su sentencia en la "grave afectación" o peligro a los bienes jurídicos tutelados, es decir, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, "por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad".

Destacó que el juez ponderó el perjuicio causado al propio Ejército, "el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar
con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada.

"La resolución señala que conductas aisladas y lamentables, como lo es este caso, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército mexicano", aseveró.

Asimismo, añadió que esta resolución se sustenta en la obligación constitucional del juez federal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, así como las relativas a la prevención, sanción y reparación de las violaciones a éstos.

Actualmente un juzgado de distrito especializado de Zacatecas mantiene abierto un juicio contra cuatro militares del 97 Batallón de Infantería por su presunta participación en la desaparición de siete jornaleros, el pasado 7 de julio en el municipio de Calera.

El coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, enfrentan proceso por delitos contra la administración de justicia, homicidio y desaparición forzada de personas bajo la causa penal 43/2015.

Los elementos pertenecen al 97 Batallón de Infantería de la 11 Zona Militar en Guadalupe con residencia en dicha entidad.

A principios de agosto , el juzgado que lleva el caso decidió iniciar las audiencia para estos militares en noviembre, a fin de que transcurra el plazo fijado de tres meses
de investigación.

Este plazo atiende al principio de presunción de inocencia como derecho humano de los imputados.

Contra corrupción

-José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte, señaló que a la corrupción no se le puede atacar con solo buenas intenciones, actitud moral y de valores.

-Se requiere, puntualizó, tener claridad de los instrumentos técnicos de las leyes para establecer las normas y desarrollar las políticas públicas que se necesitan para combatirla.

-Participó en la mesa "Retos en materia de anticorrupción y ética del servicio público", como parte del Foro Gobierno Profesional y Ciudadanía Responsable, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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