Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa por presuntamente haber negado los recursos económicos para el buen funcionamiento electoral de Veracruz, lo que puso en riesgo los pasados comicios.
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Con esto suman dos órdenes de aprehensión solicitadas contra Duarte, una de ellas por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que lo acusó de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Funcionarios del gobierno federal señalaron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que encabeza Santiago Nieto Castillo consignó un expediente en el que se responsabiliza al ex gobernador de obstaculizar las funciones electorales en la entidad que gobernó.
En febrero pasado, al presentar su Segundo Informe de Actividades, Nieto Castillo informó al procurador general de la República, Raúl Cervantes, que consignó expedientes y logró el libramiento de una orden de aprehensión contra ocho funcionarios públicos de primer nivel del gobierno del ex gobernador de Veracruz.
Ahora, un juez federal señaló que existen elementos para procesar penalmente a Javier Duarte por el citado delito previsto en el artículo 7, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Al respecto, la Fepade emitió un comunicado en el que señaló que Duarte es requerido para responder sobre su probable participación en la obstaculización de las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público Local Electoral del estado, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad.
El fiscal Santiago Nieto señaló que con estas acciones “se puso en riesgo el proceso electoral en la entidad”; asimismo, dijo que se trata de la primera orden de aprehensión en contra del ex gobernador por delito electoral.
De los trabajos de investigación realizados por el Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal, indicó la Fepade, se logró tener por satisfechos los elementos que la ley señala como delito, así como la probable participación del hoy sustraído de la acción de la justicia, en el ilícito contemplado en el artículo 7, fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que menciona que se impondrán de seis meses a tres años de prisión a quien: (…) “IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales (…)”
VJCM
