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Lunes , 25.06.2018 / 12:22 Hoy

Informe estatal ya planteaba despenalización de mariguana

El documento "Informe Jalisco, más allá de la guerra de las drogas" derivó en la publicación de un libro donde se plantea abrir el debate.

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Sonia Serrano Íñiguez

La postura radical del fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, en contra de la legalización de la mariguana, no era la misma cuando en la Administración estatal anterior, cuando era secretario de Seguridad Pública. Por lo menos eso se desprende del documento “Informe Jalisco, más allá de la guerra de las drogas”, en cuya elaboración participó el funcionario.

El resultado de los trabajos para analizar la situación de las drogas en la entidad, que derivó en la publicación de un libro, plantea la necesidad de abrir el debate sobre la despenalización. En el texto, en la página 252, se señala que “ninguna discusión sobre qué hacer en materia de una política de drogas puede intentarse seriamente sin plantear el tema de la legalización”, refiriéndose a la “despenalización diferenciada, tanto de la producción, como del comercio y el consumo de las drogas prohibidas”.

Según la introducción del informe, que está firmada por Héctor Aguilar Camín, para la investigación se integró un equipo de trabajo, en el que participaron académicos, consultores, politólogos y especialistas en seguridad, así como “Luis Carlos Nájera, abogado y secretario de Seguridad Pública del estado de Jalisco”. El gobierno del estado financió los trabajos.

Al desarrollarse el tema de la despenalización, se señala que “no puede darse el mismo trato legal a drogas suaves como la mariguana, a drogas duras como la cocaína, la heroína o la morfina, a las llamadas drogas de diseño o a los siniestros derivados de drogas disminuidas y sucias como el crack y el cristal meth”.

En el informe se admite que la despenalización no resuelve los problemas por el abuso de las drogas ni pone fin al crimen organizado, pero que “podría facilitar el conocimiento y el tratamiento de los consumidores problemáticos, acercándolos a las instituciones y políticas públicas donde pueden encontrar ayuda”.

En todo caso se trata, agrega, de “un mal menor”.

En la revisión que se hizo sobre los factores en contra de la legalización, aparece en primer lugar lo que sucederá con el crimen organizado “cuando se vea ahogado por la falta de grandes ganancias” y la posibilidad de que trasladen sus actividades a otros delitos. Sin embargo, señala que aunque esa posibilidad existe, “la diferencia en las rentas, en los riesgos” jugaría en contra de los narcotraficantes.

En el texto se afirma que “los volúmenes, los márgenes de ganancia y la cantidad de personas involucradas en el crimen organizado serían mucho menores; que los daños que se causa a quienes consumen cierto tipo de drogas “pueden ser mejor atendidos mediante la regulación, la información y la educación”.

Agrega que al reducirse los márgenes de ganancia del crimen organizado, también baja “su capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia”.

Entre quienes participaron en la elaboración del informe están Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas; Dante Haro, académico especialista en temas de seguridad; y Joel Chávez, quien era titular del Consejo contra las Adicciones de Jalisco.

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