Corte analiza caso de mujeres violadas por militares

La defensa de las mujeres pidió a la SCJN intervenir en el asunto porque el Estado Mexicano no ha cumplido plenamente con la sentencia emitida por la CIDH a favor de Valentina e Inés.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis del caso de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas y torturadas por elementos del Ejército mexicano en 2002.

La defensa de las mujeres pidió a la SCJN intervenir en el asunto porque el Estado Mexicano no ha cumplido plenamente con la sentencia emitida en 2010 por la CIDH a favor de Valentina e Inés.

Tras dos votaciones, una por unanimidad y otra de ocho votos contra tres, el Pleno del Alto Tribunal ratificó que las sentencias de la CIDH que involucren directamente al Estado mexicano y a sus ciudadanos son obligatorias y vinculantes.

El proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, propone que las sentencias de la Corte Interamericana deben acatarse, pero subraya que la Corte mexicana no puede juzgar si han sido o no cumplidas plenamente.

El 16 de febrero de 2002, Valentina, perteneciente a la comunidad indígena Me'phaa, originaria de Caxitepec, Guerrero, fue interrogada, golpeada y violada por militares cuando se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio.

El 22 de marzo de ese mismo año, en Barranca de Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés, quien pertenece a la misma comunidad indígena, fue violada por militares que ingresaron sin su permiso a su domicilio.

Ambas víctimas presentaron, cada una por su parte, una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, así como una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad.

Ante las diversas irregularidades atribuidas a las autoridades, consistentes en la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables, entre otras, el 14 de junio de 2004, Inés junto con la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que, en su momento sometió a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del Estado Mexicano.

En su resolución, pronunciada el 30 de agosto de 2010, la CIDH determinó, entre otros aspectos, que la promovente había sido víctima de violencia sexual por parte de agentes del Estado, lo que le implicó sufrimiento físico y mental severo.

Ambos casos llevaron a la CIDH a considerar responsable al Estado Mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, entre otros.