Violencia aplaza Nuevo Sistema de Justicia Penal

Durango lo adoptó el 14 de noviembre de 2009, al menos en el primer distrito judicial. Las 31 entidades de México y el DF, tienen hasta el 2016 para implementarlo.

La Laguna de Durango

El 18 de junio del 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que dio inicio a la transformación del Sistema de Justicia Penal en México. Implica un conjunto de adecuaciones y transformaciones en la forma de procurar, administrar e impartir justicia.

Con esta reforma se inicia el proceso de transición de un sistema penal inquisitorio mixto, hacia uno de corte acusatorio y adversarial, en el que se crean nuevas figuras jurídicas, cuya finalidad es alcanzar mejoras sustantivas en términos de eficiencia, accesibilidad y transparencia, a fin de garantizar el debido proceso penal a todas las partes involucradas.

La reforma aprobada insta a los 31 estados de la República y al Distrito Federal, a implementar de manera completa este nuevo sistema para el año 2016.

Sin embargo, hasta mediados del 2011 solo un tercio de las entidades federativas, presentaron algún avance en esta dirección. El Estado de Durango adoptó el sistema a las 00:00 horas del 14 de noviembre del 2009, al menos en el primer distrito judicial.

Tanto el gobernador Jorge Herrera Caldera y el magistrado presidente del Tribual Superior de Justicia, Apolonio Betancourt, auguraban que serían cuatro años después, que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), entrara en vigencia en el Distrito 02 y 03, que comprende a los municipio de La Laguna de Durango: Gómez Palacio y Lerdo.

La violencia obstaculiza

Sin embargo, al transcurrir de los años, La Laguna de Durango ha sido fuertemente azotada por la violencia y ello se confirma en estudios que aporta la Organización del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C, donde a través de las investigaciones hechas, se da a conocer que municipios como Lerdo, se encuentran en los cinco con las peores tasas de homicidios en el país.

También, según el monitoreo de Incidencia Delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el último trimestre 2013, las cifras de asesinatos se triplicaron en Lerdo.

Aunado a estos obstáculos, se suman la desaparición del Centro de Reinserción Social (Cereso) número dos en Gómez Palacio, para los últimos días de diciembre del año 2012, en que a raíz de un intento de fuga masiva de reos, obligó al desalojo y reubicación hacia otros reclusorios del 100 por ciento de los internos. Además se registró la muerte de nueve celadores y 12 inculpados.

La desaparición de las corporaciones policiacas municipales, en los primeros días de enero del 2013, es otro de los factores que no permite la incorporación del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Reincorporación policiaca es incierta

Además, los elementos municipales de Gómez Palacio y Lerdo, fueron detenidos por militares y federales, y trasladados a la capital del estado de Durango, tras verse involucrados, a decir de la fiscal Sonia Yadira de la Garza, con hechos delictivos y el crimen organizado.

A poco de cumplirse un año de estos hechos, la reincorporación de las policías municipales es incierta, ya que en innumerables ocasiones se dijo por parte del secretario de Seguridad del estado, Roberto Flores Mier, que sería para finales del presente año, cuando la capacitación de los aspirantes se diera, en el cuartel que es ahora el antiguo Cereso.

La falta de recursos por parte de la Federación, no ha permitido que tal adiestramiento comience y, al día de hoy, no se tiene una fecha declarada para que arranque.

Por tal motivo, la presencia de la Policía Estatal Acreditable y la Policía Militar en La Laguna, permanecerá indefinidamente.

Este tipo de detalles que son esenciales para el funcionamiento del NSJP, parecen ser olvidados por las autoridades de Gobierno, quienes actualmente solo se encuentran enfocadas en poner fin a las infraestructuras que albergarán el Poder Judicial y no en quienes desempeñarán un rol en la implementación de juicios orales.