Un hombre marcado para morir solicita asilo

Un ex cabo salvadoreño lleva en su rostro las cicatrices que le dejó un ataque a machetazos por "Los Maras", las cuales lo vuelven un blanco potencial de ejecución si regresa a su país.
José Roberto Hernández implora que lo dejen quedarse en México.
José Roberto Hernández implora que lo dejen quedarse en México. (Héctor Téllez)

Tapachula

El ex cabo José Roberto Hernández de la Policía Nacional de El Salvador se toca la cara y recorre con el pulgar el largo y profundo surco que se extiende desde lo que alguna vez fue su oreja izquierda hasta la barbilla, solo unos centímetros arriba de la yugular. Un poco más abajo y no estaría ahí, sentado en una piedra, contando su relato de desgracia.

—El machete me cortó aquí y aquí —señala el salvadoreño, alojado por ahora en el albergue Belén para migrantes de Tapachula—. Me abrió la mandíbula y luego, cuando me iban a rematar, pude detener (la hoja) con la mano. Me partió el dedo en dos. Lo rebanó como si fuera… qué le digo. ¡Me dolía tanto! La verdad no sé cómo pude escapar corriendo.

Hernández, de 45 años, se considera un hombre marcado para morir. Como sobreviviente, está sentenciado a ser rematado por una célula de la M-18 que no puede perder cara con un trabajo inconcluso como el que le aplicaron en mayo pasado: fue víctima de un ataque por pandilleros cuando se dirigía a visitar a su madre en un barrio bravo de San Salvador. A causa del atentado pasó un mes en el hospital y tan pronto como fue dado de alta, huyó a México, mezclándose en el caudal de la oleada migratoria de menores de edad que ha sumido a la región en una crisis política. Llegó a Tapachula a mediados de julio pasado y desde entonces vive de trabajos eventuales y del dinero que recolecta en los semáforos de esta ciudad fronteriza.

Hoy asegura que su vida está en manos del gobierno mexicano. Para las autoridades migratorias es un nuevo dilema: a la larga lista de problemas que ha traído la oleada migratoria hacia Estados Unidos, ahora deben sumar cómo enfrentar el sustancial aumento en las peticiones de asilo por parte de centroamericanos, algunos de los cuales corren el riesgo de realmente perder la vida en caso de ser enviados de vuelta. Extraoficialmente, se estima que este año se romperá el récord absoluto de solicitudes de refugio.

Hernández dice que volver a El Salvador es enviarle a la muerte.

—¡Yo no quiero ir a Estados Unidos! Quiero quedarme en México. Necesito que me den asilo en el país —implora—. Si vuelvo me matan.

La pregunta es si califica para asilo en México, algo que se niega a la gran mayoría de los extranjeros que lo solicitan. Las estadísticas no están a su favor. Prácticamente 82 por ciento de todos los centroamericanos que piden refugio en el país son rechazados o retiran sus casos, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Gobernación. 

Desde 2002, mil 200 hondureños y 895 salvadoreños han presentado solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (Comar). De ellos, solo 404 han tenido suerte. Por nacionalidades son los grupos con mayores tasas de rechazo, algo que contrasta con el trato que se da actualmente a colombianos y que históricamente se ha dado a sudamericanos: cuatro de cada 10 que piden asilo tienen éxito y logran quedarse en México.

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Las cicatrices de Hernández son profundas y llaman la atención. Y ese es el problema: su visibilidad. Según explica el cabo, le hacen un blanco potencial de ejecución. En su país las heridas en el rostro atraen automáticamente la atención de cualquier miembro de la M-18 y la Mara Salvatrucha. Son un letrero a flor de piel que se utiliza para estigmatizar a traidores, aquellos que han desertado o quienes pertenecen a una banda rival. Una moderna letra escarlata.

Su caso hace eco en los de otros tantos migrantes que en las últimas semanas han arribado a territorio mexicano, solicitando asilo ante el colapso de la seguridad pública en Honduras y El Salvador.

Esta semana, en el albergue Belén de Tapachula, además de Rodríguez media decena de migrantes hondureños estaban en proceso de presentar peticiones de asilo ante la Comar, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Una vez que formalicen sus peticiones, su destino quedará en manos de un “comité de elegibilidad”, integrado por representantes del Instituto Nacional de Migración y las secretarías del Trabajo  y Relaciones Exteriores, que determinarán si cuentan con los méritos para recibir refugio.

Para obtener asilo, deben cumplir uno de dos requisitos, de acuerdo con la ley: que su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazas por violencia generalizada, conflictos internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen; y que no puedan volver a su país por “fundados temores” de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

En caso de que se les otorgue asilo, el gobierno mexicano les garantizaría apoyos en salud, educación y hasta una ayuda económica para subsistir en tanto encuentran trabajo. Después de un tiempo, incluso se les permitiría buscar la reunificación familiar.

Pero si las estadísticas son guía, es una posibilidad que queda lejos para la mayoría y que a Hernández no le hacen ser demasiado optimista. Entre los migrantes es vox pópuli que los números no están a su favor.

—Solo sé que si pierdo me voy a tener que esconder en este país —sostiene el ex cabo—. Mi vida en El Salvador se terminó.




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