La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el comisionado James Cavallaro, denunciaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo ser víctima de espionaje por parte de dependencias del gobierno mexicano, a través de Pegasus.
Durante la audiencia por el caso Iguala en Lima, Perú, los abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos también acusaron que el programa Pegasus fue utilizado para interceptar sus comunicaciones, lo cual, alertaron, puede utilizarse como una herramienta de desprestigio en su contra.
Al respecto, la delegación de autoridades mexicanas, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, afirmó que ya se hacen las investigaciones sobre el presunto espionaje.
La comisionada presidenta de la CIDH cuestionó a los funcionarios: “¿Qué autoridades del Estado estuvieron involucradas?”, a lo que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, explicó que hay una denuncia abierta “contra quienes resulten responsables”.
Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que el gobierno federal invierte recursos para espiar a defensores de derechos humanos y no en encontrar a los estudiantes.
CELULARES ESTUVIERON ACTIVOS
A dos años y 10 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno mexicano reveló que nueve líneas celulares de los normalistas estuvieron activas después de los hechos; además de que se comprobó que el quinto camión no tenía ningún rastro de droga.
Durante la 163 sesión ordinaria de la CIDH, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, refrendó su compromiso para mantener las investigaciones.
Alfredo Higuera, fiscal de la PGR para el caso, descartó que exista desinterés en continuar la búsqueda de los normalistas.
“Ya se hicieron los vuelos para captar imágenes, se están procesando, y en cuestión de días entrarán en proceso de examinación por parte de expertos de la PGR y del equipo argentino para establecer qué puntos se revisarán en la búsqueda, hay que organizarnos bien para acortar los tiempos al máximo”, agregó.
El fiscal explicó que se analizaron más de 5 mil números telefónicos y se detectó que había 32 vinculados a los jóvenes desaparecidos. De estos, 10 números que portaban los estudiantes “tuvieron como última conexión la antena Margaritas, ubicada cerca de uno de los lugares de los hechos el Puente de Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala.
“Tenemos los nombres de los jóvenes a los que pertenecían estos números, esto nos permite establecer que estos jóvenes fueron retenidos en ese lugar”, detalló.
Higuera explicó que hay otros 10 números de estudiantes que se usaron en Iguala, aunque no fue posible establecer en qué lugar.
“Hay 10 números que no registraron conexión, esto no significa que no estaban ahí, los aparatos no se usaron y por eso las antenas no los registraron”, precisó.
Sobre la relación de los números de Joshivani Guerrero, Abelardo Vázquez, Saúl Bruno García y Marcial Pablo Baranda, el GIEI informó que quedó corroborado que no portaban celulares ese día.
Además informó que tras múltiples diligencias, pruebas técnicas y periciales“ no se encontró droga, ni compartimientos ocultos” en el quinto autobús.
Tampoco se encontraron datos ligados con droga y se aclaró que el autobús no fue retenido el día de los hechos, permaneció un tiempo sin estar resguardado.
Explicó que con información satelital se detectó que el autobús hizo cuatro paradas antes de salir de Iguala y el más prolongado coincide con el descenso de los jóvenes de la unidad y advirtió que el no encontrar droga no significa que se “niega el tema de trasiego”.
Los representantes de las víctimas mencionaron que el uso posterior de los celulares “echa abajo” la verdad histórica en la que los estudiantes fueron calcinados con todo y sus pertenencias.
