Corte analizará impugnación para eliminar maternidad subrogada

La Suprema Corte admitió a trámite la impugnación que promovió la PGR para invalidar los artículos del Código Civil de Tabasco que reconocen la gestación asistida y subrogada.
Presentará una iniciativa para modificar la Ley General de Salud que busca prohibir que una mujer alquile su vientre para gestar un bebé.
La PGR impugnó las reformas aprobadas en Tabasco que permiten a las mujeres de 25 a 35 años de edad, rentar sus vientres. (Especial)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la procuradora general de la República, Arely Gómez González, quien impugnó las reformas aprobadas en Tabasco que permiten a las mujeres de 25 a 35 años de edad, rentar sus vientres para que otros puedan ser padres.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández admitió el recurso de la titular de la PGR, quien pidió invalidar los artículos 380 bis, párrafo tercero, y 380 bis 3, párrafos cuarto, quinto y sexto del Código Civil de la mencionada entidad, que reconocen la gestación asistida y subrogada.

Piña Hernández dio un plazo de quince días hábiles para que los poderes Legislativo y Ejecutivo de Tabasco rindan informes justificados.

Asimismo, requirió al Congreso Local copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se haya aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano; mientras que al gobernador Arturo Núñez le solicitó enviar al Alto Tribunal copia del ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se haya publicado la norma.

En enero de este año, el Congreso de Tabasco modificó el Código Civil para regular la gestación asistida y subrogada.

Entre las reformas al código destaca el artículo 380 bis que establece que la Secretaría de Salud del Gobierno de Tabasco determinará el perfil clínico, psicológico y social de la "madre gestante" previamente a su contratación, para comprobar que su entorno social sea estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea favorable para el adecuado desarrollo de la gestación.

Asimismo, que ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser contratada como madre gestante.

El estatuto señala que se entiende por reproducción humana asistida, "el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud, realizadas con la intervención de personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos, además de la reproducción de cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural de la pareja infértil o estéril".

El artículo 380 bis 3 puntualiza que las instituciones y clínicas de reproducción humana asistida, así como el personal médico especializado en esta materia, deberán estar previamente acreditados y autorizados por la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal para la prestación de esos servicios; las clínicas deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente.

Las instituciones que realicen este procedimiento y el control prenatal, deberán enviar un informe mensual a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con copia del expediente clínico conforme a la legislación federal aplicable a la materia, además de lo que señale la legislación estatal.

De igual manera, ordena que las instituciones que brinden atención obstétrica, resultado del procedimiento de reproducción asistida, deberán informar el nacimiento a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, durante las primeras veinticuatro horas de ocurrido el mismo y el tipo de atención brindada; esta notificación deberá incluir la copia del certificado de nacimiento del o los recién nacidos.

Los notarios públicos que participen en la celebración de contratos para estos procedimientos, deberán informarlo en un plazo de veinticuatro horas a la Secretaría de Salud y al Registro Civil del Estado, mediante copia certificada del instrumento celebrado entre las partes.