Procederán contra 20 ex funcionarios en Guerrero

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que estas acciones derivan de la escalada de violencia en los centros de reinserción social; un ex subsecretario está prófugo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre la acción penal contra 20 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a partir de la escalada de violencia desatada en los centros de reinserción social; un ex subsecretario está prófugo.

Los delitos que se imputan a los 20 ex servidores son homicidio, lesiones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

La investigación, dada a conocer por la fiscalía guerrerense, está relacionada con los hechos de violencia suscitados en el penal de Iguala la madrugada del 3 de enero, en tanto que se desmintió la versión de un segundo enfrentamiento en el penal de Las Cruces, en el municipio de Acapulco.

Iñaki Blanco Cabrera, titular de la PGJ recordó que la madrugada del 3 de enero un comando ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, dijeron que eran policías ministeriales y que ingresarían a un detenido, por lo que el personal de custodia les facilitó el acceso.

Una vez adentro, amagaron al custodio y lo llevaron a la zona de celdas hasta dar con Ismael Ocampo Álvarez, quien era conocido bajo el alias de "La Mayla" y lo mataron a balazos.

Hubo un enfrentamiento a balazos y en el lugar murieron los internos Epifanio Adame Romero, Miguel Ángel Martínez Martínez y Jesús Leonardo Díaz Martínez, así como los victimarios Cristian Aldair García García y José Luis Díaz Ramírez.

Cuatro pistoleros que sobrevivieron al primer encontronazo trataron de huir por el pasillo de acceso, pero el personal de la torre de vigilancia número uno les marcó el alto verbalmente; al no acatar la indicación, el director del penal, Juan Pablo Roldán Minero disparó un arma corta y abatió a tres: Timoteo Pastor Vázquez, Víctor Manuel Antonio Rivera y Edgar Luis Rogel Gerónimo.

Otro delincuente, Juan Carlos Salgado Delgado y/o Juan Carlos Ulloa Delgado quedó herido, mientras que el custodio José Roberto Contreras murió al día siguiente en un hospital de Huitzuco.

Por este hecho se inició la averiguación previa HID/SC/02/0007/2014.

El 3 de enero de 2014 comparecieron ante el Ministerio Público directivos y 34 custodios que estaban de servicio al momento de la incursión armada, ellos coincidieron en que el custodio José Roberto Contreras Ocampo (occiso) y el Jefe de Seguridad, Rigoberto Contreras Orozco, fueron los que permitieron el acceso a los seis civiles armados.

Dijeron que desconocen el motivo por el que los sicarios no fueron revisados y registrados al ingresar, así como las razones por las que se les permitió llegar hasta las celdas de los internos para matar a cuatro.

La PGJ indicó: "En tal tesitura, la conducta desplegada por el jefe de seguridad incumple lo establecido en el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Guerrero, bastando la observancia metódica y lineal de las normas para evitar el ingreso de los seis sujetos armados que incursionaron hasta la población con el resultado antes señalado, resultando de manera inmediata y reactiva la muerte de cinco de los seis agresores y uno más que resultó herido".

El 25 de enero de 2014, el fiscal investigador ejerció acción penal en contra del personal directivo, de seguridad y custodia del penal de Tuxpan.

Marbeli Guzmán García, Víctor Ibares Galeana, Honey Estefanía Huerta Nazario, Rigoberto Contreras Orozco, Diana Laura Guerrero Solís, Antonio Hernández Baltazar, Juan De Dios Morales Barrera y el director Juan Pablo Roldán Minero, de acuerdo a la indagatoria son probables responsables en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones, a título de culpa o imprudencia.

El grupo armado ingresó dos pistolas semiautomáticas calibre 38 Súper Auto, marca Colt; dos pistolas calibre 9 mm, una marca Browning y una Pietro Beretta.

Del caso Acapulco

Luego de la irrupción del 3 de enero, 10 reos del penal de Tuxpan fueron trasladados al Cereso de Acapulco.

Se indica que los trasladados iban golpeados, caminaban con dificultad y uno se quejaba de dolores en el corazón; ninguno fue certificado por un médico, como marca el protocolo del sistema de reinserción social.

El reporte de la fiscalía señala que tres reos murieron por la noche y uno más al amanecer.

Por eso la PGJ determinó que el director general de Seguridad y Custodia, Rafael Cubillo Segoviano y el subsecretario del Sistema Penitenciario, José Manuel Rodríguez Morales no cumplieron a cabalidad los protocolos en materia de seguridad en el traslado de reos.

El encargado del Cereso de Acapulco, Claudio Gregorio Carmona incumplió con lo establecido en el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Guerrero, al recibir a los reos en las condiciones que iban.

Los custodios Marco Antonio Ocampo Díaz, César Romero Jaramillo, Sabdi Othoniel Hernández García, Fidel Álvaro Melo, Oliver Gamboa Guerrero, Héctor García Baranda, Aníbal García García y Hazany Roque Gench, son señalados como los probables autores de las lesiones causadas a los reos, con lo que se provocó la muerte de tres.

"Con lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que los custodios y personal directivo del penal, reúnen los requisitos especiales para formularles imputación objetiva, lo que los convierte en sujetos activos del delito de omisión impropia del hecho de que tenían la responsabilidad, jurídicamente impuesta, de hacer lo posible para evitar su consecuencia, ya que se hallaban en una posición de garantes", sostiene la PGJ.

De los 20 funcionarios penitenciarios señalados como probables responsables de la comisión de varios delitos ya se detuvo a 19, en tanto que el ex subsecretario del Reinserción Social, José Manuel Rodríguez Morales permanece en calidad de prófugo.