Ejército debe juzgar a militares acusados de narco: Corte

El pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que los miembros del Ejército acusados de delitos contra la salud deben ser juzgados por un tribunal militar cuando no haya civiles involucrados.

Ciudad de México

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en votación dividida, que los elementos castrenses que cometan delitos contra la salud, sin que haya civiles involucrados, pueden ser juzgados por tribunales militares y no por la justicia federal.

Esto al confirmar las sentencias de primera instancia que declararon penalmente responsable de este ilícito al soldado Luis Alberto Martínez Campos, así como del tribunal colegiado de circuito que rechazó ampararlo contra el fallo dictado el 21 de septiembre de 2007 por el Supremo Tribunal Militar por delitos contra la salud.

Al hablar en favor de la ponencia, aprobada por seis votos a favor y cuatro en contra, la ministra Margarita Luna Ramos detalló que un grupo de castrenses, en el que estaba Martínez Campos, que cuidaban un retén en la frontera norte, permitieron "el paso de droga" y por eso "son consignados a un juez militar".

Martínez Campos "aduce que debiera haber sido juzgado por un tribunal civil en función de que si bien es cierto que no hubo un civil involucrado en la coparticipación del delito, al tratarse de un ilícito en contra de la salud, pudiera decirse que quien está involucrada es la sociedad mexicana", agregó.

Sin embargo, Luna Ramos sostuvo que "no existe involucrado ningún paisano como la Constitución lo determina, y que por tanto, está correctamente aplicado el Artículo 57, fracción II", que señala que "si no está involucrado un civil, quien debe es competente para juzgarlo es el Tribunal Militar".

Además, "el hecho de que los delitos contra la salud pudieran decirse que atentan contra la sociedad, no están referidos en los artículos 13 y 57 de la Constitución, por lo que debe ser "juzgado por un tribunal militar", aseveró al votar en favor de la ponencia del ministro Mario Pardo Rebolledo.

Los cuatro ministros que sufragaron contra el proyecto fueron el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, así como Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y José Ramón Cossío Díaz.