Tras 10 años, aún faltan policías para retirar de las calles a los militares

Estados incumplen y se carece de una ley para proteger a fuerzas armadas, reprocha
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. (Manuel Guadarrama )

México

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, urgió al Congreso de la Unión para que apruebe la ley nacional que faculte al Ejército y la Marina a ejercer acciones de seguridad pública en las calles.

En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón, en MILENIO Televisión, lamentó que a más de 10 años de que se inició el combate al crimen organizado no exista una profesionalización de las policías en los estados y municipios ni un marco legal que proteja a las fuerzas armadas.

Alertó que la falta de una normatividad pone en riesgo a los solda-dos y marinos de ser sometidos a procedimientos judiciales e incluso de que se presenten acusaciones en su contra por delitos de le-sa humanidad.

“Es increíble que en 10 años no tengamos a esas policías que saquen de las calles al Ejército y la Marina, porque no es ni su función ni su vocación y dejan
de hacer otras tareas importantes para el país. (Las fuerzas armadas) entraron porque no había policías confiables”, manifestó.

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Adicionalmente, dijo que no se ha hecho cumplir la ley de seguridad que se aprobó en 2009, que especifica las características y la capacitación que deben tener las policías de los estados y munici-pios, por lo que “el problema” es que son los gobernadores quienes “no quieren poner orden”.

“Más allá de si vamos a tener mando único o mando mixto, nosotros no hemos hecho cumplir la ley referente al desarrollo policial”, reprochó.

Puso como ejemplo el caso del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, quien durante su administración no concretó la profesionalización de las policías, a pesar de que el gobierno federal lo apoyó en materia de seguridad pública al enviar a miles de elementos de la Marina.

“Lo mismo pasó con Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, con Ángel Aguirre en Guerrero y con Fausto Vallejo en Michoacán”, agregó.

Rivas opinó que “en la medida en la que la Federación los apoya (en tareas de seguridad pública) los estados echan la concha”, por lo que consideró que las organizaciones de la sociedad civil deben continuar con la exigencia a las autoridades locales para que cumplan con su labor y con los legisladores para que aprueben una ley que proteja al Ejército y la Marina.

En cuanto a los delitos que se cometen en el país, explicó que el que más preocupa es el secuestro, mientras que el que más se registra es el robo, aunque en agosto y septiembre el homicidio tuvo un repunte significativo.

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Recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, un país que se encuentra por arriba de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes “está viviendo una crisis relacionada con este tema”, y en el país la tasa fue de entre 16 y 17 al cierre del año pasado.

Acusó que se desconoce la cifra exacta de homicidios, porque en los estados y municipios “todo se mide mal, se registra mal, no se investiga, no se atiende y no se le da acceso a las víctimas”.

Según las cifras del Observatorio, de 66 homicidios dolosos diarios, 41 fueron cometidos con arma de fuego, además de que septiembre fue el cuarto mes con mayor cantidad de secuestros en este año.


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