El titular de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, consideró que actualizar la Ley de Justicia para Adolescentes con relación a los crímenes o delitos que éstos cometan, es un tema que debe someterse a revisión ante la Legislatura local y el Congreso de la Unión para hacer las adecuaciones correspondientes en el Código Penal.
Recordó que lo más importante es encausar el desarrollo psicosocial del niño o adolescente y convertirlo en un mejor ser humano.
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"Estamos ante una ley nacional en materia de justicia para este sector de la sociedad. No es un tema en el que precisamente pudiéramos pronunciarnos, pues son muchos los factores que debemos atender. Recuerden que la ley deviene del principio constitucional e internacional del interés superior de la niñez".
Agregó que es un asunto de política criminal que deben atender los legisladores, pues la Fiscalía con lo único que puede contribuir es con una base estadística que demuestre el comportamiento de la sociedad, "pero son muchos los factores, no solo se trata de la frecuencia en la comisión de delitos o que tal vez sean más comunes entre menores de edad y más pequeños, incluso debe tomarse en cuenta la violencia que también existe".
Hasta el año pasado había un aproximado de mil 700 jóvenes en las 23 preceptorías distribuidas en la entidad, principalmente por robo y adicción a las drogas; en tanto que la edad de inicio en actividades ilegales es a partir de los 13 o 14 años.
No hay zonas específicas en donde los índices de adolescentes en esta condición sea mayor, así como tampoco los hay sobre el número personas que atienden las ejecutorías.
Quienes son llevados a este tipo de espacios no superan los 18 años de edad.
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Para enfrentar el problema de dependencia a sustancias psicotrópicas, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México mantiene coordinación con el Tribunal de Tratamiento Contra las Adicciones, de modo que a la fecha lograron egresar a jóvenes sanos, a quienes les dan seguimiento mediante trabajo social y visitas domiciliarias, además de hacerlos integrarse y formar parte de la comunidad.
En el recinto la Quinta del Bosque tienen un registro de 170 menores que accederán a beneficios de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, pues la privación de su libertad es la última medida, ya que la prioridad es establecer otras alternativas para quienes manifiestan alguna conducta antisocial.
MCLV
