La Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó en nueve Ceresos del Estado de México sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal, ausencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos.
Advirtió que el autogobierno en esos penales genera un ambiente de violencia, extorsión y tráfico de sustancias prohibidas.
También mencionó que existen deficiencias en servicios médicos, alimentos insuficientes y de mala calidad, malas condiciones de mantenimiento e higiene en dormitorios, instalaciones sanitarias, cocina y área médica, así como falta de espacios exclusivos y adecuados para mujeres.
Ante estas irregularidades, la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), envió una recomendación al gobernador del Estado de México en la que destaca que constató que persisten situaciones apremiantes, que son motivo de riesgo en materia de tortura o maltrato para los internos, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
La CNDH indicó que las "condiciones de autogobierno favorecen diversas clases de abusos por parte de grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos".
Agregó que "los cobros propician corrupción en la que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos".
En la recomendación M-6/2017, la CNDH solicitó atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la Secretaría de Seguridad de esa entidad.
La recomendación se desprende de las visitas, informes y diagnósticos emitidos sobre los diversos centros de reclusión, al examinar el trato y condiciones de los internos, y con ello evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
Las visitas de supervisión a esos centros de internamiento incluyeron entrevistas con servidores públicos y personas recluidas, así como la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorridos por las instalaciones, con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas.
Del análisis de la información recabada durante las visitas, la CNDH advirtió que se continúan aplicando disposiciones anteriores a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se deben actualizar y adecuar a los principios y derechos consagrados en la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como a los más altos estándares contenidos en los instrumentos en materia de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las "Reglas Mandela" y las "Reglas de Bangkok".
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comunicó al gobernador mexiquense que estará pendiente que el gobierno estatal, particularmente la Secretaría de Seguridad, responsable de administrar el sistema estatal penitenciario, cumpla con las recomendaciones formuladas y realizará visitas de seguimiento para verificar los avances correspondientes.
jbh
