A través de una carta dirigida al gobernador Rubén Moreira Valdez, el párroco de la iglesia de San José en Cuatro Ciénegas, Martín Rodolfo Hernández Linares, asegura que los atacantes de los campesinos y quienes perpetraron la destrucción del ejido Gabino Vázquez sí estaban armados.
Hernández Linares pide al mandatario estatal que atienda de manera inmediata la situación que se enfrenta en el ejido.
El presbítero narra que el pasado 4 de noviembre, entre las 13:00 y las 19:00 horas, varios hombres a bordo de dos camionetas, seguidos de un tráiler que transportaba maquinaria tipo Bulldozer, irrumpieron en el lugar en donde se encontraban las viviendas, la Capilla, la Casa del Médico y la Bodega del programa COPLAMAR.[OBJECT]
"A decir de los testigos, que son ejidatarios y habitantes del lugar, algunos de estos hombres llegaron amagando con armas (rifles y pistolas) a los ejidatarios sometiéndolos en el piso. Acto seguido, entraron a las viviendas y les prendieron fuego".
"Mientras las casas ardían, el operador del Bulldozer orientó la máquina para derrumbar todas las edificaciones y casas habitación", precisa en el documento.
Además expone que a uno de los ejidatarios lo obligaron a acompañarlos durante todo este tiempo y lo amenazaron con quemarlo vivo.
A otros más los obligaron a hincarse, les mandaron cubrir su rostro con sus mismas camisas y luego fueron golpeados, un testigo huyó al monte cercano y permaneció perdido durante tres días.
Hernández Linares señala que estos hechos los conoció de viva voz de los agredidos, quienes le dijeron que tres hombres coordinaban las acciones desde una camioneta.
Lograron identificar al licenciado Armando, abogado del empresario Salvador Kamar Gómez, quien ordenó la destrucción de sus viviendas, según afirman los ejidatarios.
Identificaron también a Octavio Cordero, quien en el pasado era administrador del ganado de Salvador Kamar Apud (padre de Kamar Gómez, ya fallecido), así como Arturo Arocha, quien fue ejidatario del lugar.
Asimismo destaca la presencia de Arturo Lerma, a quien señalan como iniciador de la quema de casas, unos días antes del 4 de noviembre.
De igual manera se le informó de lo ocurrido al alcalde de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantú y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.
"Nos refieren que desde la Secretaría de Gobierno del Estado se pidió el apoyo de una unidad de la Policía Acreditable, que interceptó a los vehículos en el camino de terracería que lleva del ejido a la cabecera municipal. A pesar de haber desarmado a los hombres que habían quemado y destruido los inmuebles, la unidad de policía los dejó en libertad", subrayó.
En su documento el presbítero recordó que hace cinco años fue testigo de las amenazas que los mismos ejidatarios sufrieron, a manos de otros pistoleros que encañonaron a hombres, mujeres y niños.
Tras indicar que la situación que se vive en el Ejido Gabino Vázquez es compleja y no es nueva, manifestó su preocupación de que en el transcurso de por lo menos 10 años, ninguna autoridad haya tenido la voluntad política para tratar de resolverlo.
"Nos encontramos con varias situaciones irregulares (por decir lo menos) y ahora con delitos graves que no han sido plenamente investigados y perseguidos", destacó.
Algunas de las situaciones irregulares a las que se refiere son la supuesta compra de los derechos ejidales, realizada por el empresario Salvador Kamar Apud y otras personas que, presumen eran prestanombres del mismo.
La realización de asambleas ejidales sin la presencia de los verdaderos ejidatarios, la intervención de Arturo Lerma, como "coyote" e intermediario en los asuntos legales del ejido, manejando los intereses de los ejidatarios.
Así mismo nombrando a las autoridades ejidales, amenazando a las familias que no están de su parte y apropiándose de derechos ejidales que no le corresponden.
"La falta de una investigación seria a las denuncias que han presentado los ejidatarios por los atentados sufridos en su contra, señalando a los señores Salvador Kamar Apud (fallecido) y Salvador Kamar Gómez, como posibles autores intelectuales de los mismos".
"El uso de una violencia desmedida por parte estos empresarios como medio para apoderarse de las tierras del ejido", expuso.[OBJECT]
Asimismo señaló como irregular la liberación de las personas armadas que fueron detenidas por la Policía Acreditable acusadas de haber quemado y destruido propiedad privada, creando un estado de impunidad.
Finalmente se dijo preocupado también por las declaraciones a los medios de comunicación por parte del presidente municipal y del secretario de gobierno, en las que aseguran que esta situación se trata de un conflicto entre particulares, "queriendo así minimizar la gravedad de estos crímenes".
Así como el estado de indefensión de las familias de los ejidatarios, el que ahora se quiera encontrar "chivos expiatorios" para culparlos de la destrucción de las viviendas y edificaciones públicas.
"Hoy fueron las casas, los muebles, la capilla y las bodegas. Nuestra preocupación, señor Gobernador, es que la violencia nos lleve a lamentar, en un futuro, pérdidas humanas, producto de la nula o mala aplicación de la justicia en nuestro Estado de Coahuila", concluyó.
