Ejido Lerma, el negocio más lucrativo de Javier Duarte

Con recursos provenientes de las arcas de Veracruz, los prestanombres del ex gobernador adquirieron 21 predios en 20 millones de pesos.
Enfrenta acusaciones de "lavado" de dinero y delincuencia organizada.
Enfrenta acusaciones de "lavado" de dinero y delincuencia organizada. (Jesús Quntanar/Archivo)

México

La compra de 21 parcelas del ejido Lerma, en Campeche fue el negocio más lucrativo que concretaron Javier Duarte y cuatro de sus prestanombres.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ex gobernador de Veracruz ordenó y facilitó recursos de las arcas del estado para adquirir estos terrenos.

Declaraciones ministeriales de los involucrados detallan que para esta operación pagaron un monto aproximado de 20 millones de pesos.

Según la imputación de la PGR, tan solo lograron vender nueve parcelas por 438 millones de pesos a empresas fantasma que los propios prestanombres del ex priista constituyeron.

“Sobreventa de 26 mil por ciento”, enfatizó el titular de la Siedo, Israel Lira, durante la audiencia en que Duarte fue vinculado a proceso el sábado pasado.

Según explica la indagatoria del Ministerio Público de la Federación, con estos recursos el ex mandatario y sus cómplices pretendían “otorgarles una apariencia de licitud” al resto de los negocios que realizarían durante los seis años de la administración de Duarte.

De esta operación ilícita parte la imputación de la Procuraduría General de la República contra Duarte y sus prestanombres por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“POTENCIAL ILIMITADO”

Consta en el expediente que en agosto de 2011, Alfonso Ortega López, abogado y prestanombres de Duarte, “se enteró de la existencia de unas parcelas en Campeche, pertenecientes al núcleo ejidal de Lerma”.

“La compra de dichas parcelas era un buen negocio (...) con un potencial ilimitado”, le aseguró Ortega López al entonces gobernador de Veracruz.

En la red criminal, que de acuerdo con la PGR creó y dirigió Duarte, el abogado fiscalista “tenía la obligación de buscar oportunidades para invertir dinero”.

“Una vez que (el ex mandatario estatal) analizó los detalles de este negocio, ordenó a Ortega López que se procediera a la compra de 21 parcelas, las cuales deberían ser adquiridas a nombre” de sus cómplices.

El propio Ortega López adquirió cuatro, Juan José Janeiro Rodríguez tres, Rafael Rosas Bocardo cinco, y Moisés Mansur Cysneiros nueve.

La indagatoria del MP detalla que, por ejemplo, Ortega López adquirió estas tierras en poco más de un millón de pesos y, un año después, las vendió en 244 millones de pesos a la empresa fantasma Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios.

Mansur, a su vez, pagó un millón 650 mil pesos por nueve parcelas, y recibió 253 millones de pesos al vender solo cinco a la empresa fachada Consorcio Brades.

“Un sobreprecio fuera de toda proporción. No hay negocio que pueda generar esta rentabilidad en un año”, subrayó Lira Salas.

En la audiencia del sábado pasado, el funcionario de la PGR también destacó que Janeiro Rodríguez y Rosas Bocardo ya tenían acordada la venta de sus parcelas por un monto superior a 351 millones de pesos a otra de las tantas empresas de papel que creó la red criminal de Duarte.

Sin embargo, ambos testaferros de Duarte detuvieron la operación. Lira Salas lo atribuyó a que se enteraron que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR ya habían asegurado cuentas bancarias y propiedades a otros cómplices del ex gobernador.

Este no fue el único delito que cometieron Duarte y sus cómplices para concretar este negocio.

De acuerdo con las normas agrarias, solo se permite que ejidatarios puedan comprar estas tierras, por lo que para concretar esta operación, los cinco cómplices del ex mandatario estatal tuvieron que falsificar documentos, sobornar a líderes comunales e incluso amenazar a campesinos que se opusieron a que fueran reconocidos como ejidatarios.

“Demostraron falsamente durante las asambleas convocadas por el comisariado ejidal haber vivido por más de un año en la comunidad, y así demostrar ser avecindados en el núcleo ejidal, de esta manera lograron ser reconocidos en su carácter de ejidatarios”, aclara el expediente.

Convertirse en ejidatarios también les permitió no pagar impuestos por la propiedad de estas tierras, de acuerdo con el mandato de  la norma agraria.