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Miércoles , 20.06.2018 / 07:20 Hoy

Destituyen a juez por irregularidades en casinos

Luis Armando Jerezano Treviño, a quien le detectaron más de 20 mdp que no corresponden a su pago como juez, favoreció con sus fallos a Juan José Rojas, 'El Zar de los Casinos'.

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Rubén Mosso

Luis Armando Jerezano Treviño, juez Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, quien es investigado en Estados Unidos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y a quien en México se le detectaron más de 20 millones de pesos que presuntamente recibió por favorecer con sus fallos a casinos, fue destituido de su cargo.

Jerezano Treviño, supuestamente favoreció con sus fallos la operación de casinos que son propiedad de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.

Por unanimidad de votos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió fundado el procedimiento disciplinario iniciado contra Jerezano Treviño.

La Judicatura informó que quedó plenamente demostrado que en su actuación como juez Cuarto de Distrito en La Laguna, Luis Armando incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo de su conocimiento, algunos relacionados con permisos para la operación de casinos.

Asimismo, conoció de diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos, cuando se encontraba impedido para ello, en virtud de tener amistad estrecha y relación laboral con los promoventes.

"De igual forma, obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo de juez de Distrito le correspondían.

"Lo anterior, atento a la gravedad de las citadas conductas y a que el servicio público que le fue encomendado como juzgador, fue notoriamente deficiente al no cumplir con el profesionalismo, imparcialidad y excelencia que rigen la función jurisdiccional, representando por sí un inconveniente para su correcto ejercicio", señaló el CJF.

En mayo de 2014, el Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra Jerezano Treviño, ya que se le detectaron más de 20 millones de pesos.

En enero de ese año, la Judicatura encontró elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario contra Jerezano, luego de que empezó a ser investigado en Estados Unidos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También denunció en la PGR al ex secretario de dicho juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado, quien al igual que su jefe son probables responsables de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

"...se detectaron presuntas irregularidades, particularmente en lo relacionado con la actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y sorteos; actuaciones firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de las permisionarias, dentro del juicio de amparo 99/2008 del índice de dicho juzgado y promovido por Atracciones y Emociones Vallarta", indicó la Judicatura en su momento.

También se encontraron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 en los que estuvieron involucrados tanto el titular como el secretario de dicho órgano jurisdiccional.

La Contraloría del Poder Judicial de la Federación descubrió que Jerezano Treviño posiblemente no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959. 48 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente ilegales por la cantidad de 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.

Uno de los familiares del juez recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad total de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona hubiera reportado tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y durante el periodo sujeto a investigación.

Ese familiar adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.

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