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Jueves , 18.10.2018 / 20:43 Hoy

Dan prisión preventiva a ex presidente del Congreso de Guatemala

El gobierno del país centroamericano tiene 60 días para solicitar la extradición de Luis Armando Rabbé Tejada por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado.
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Luis Armando Rabbé Tejada quedó sujeto a prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Sur, por lo que el gobierno de Guatemala tiene 60 días para solicitar la extradición del ex presidente de su Congreso. 

En audiencia ante el juez de control, el fiscal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República, notificó a Rabbé que el país centroamericano lo requiere por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado. 

Rabbé Tejada tiene la opción de allanarse a la petición de extradición o bien presentar las excepciones que la ley de extradición prevé. 

El pasado lunes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Rabbé en Monterrey, Nuevo León; era buscado desde 2016, ya que existe en su contra una orden de captura internacional solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), motivo por el cual Interpol emitió, en noviembre del mismo año, una “ficha roja”.  

La orden de aprehensión en Guatemala fue signada por el juez de Primera Instancia Penal en Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
El ex congresista está acusado en su país de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, tras haber autorizado contrataciones en el legislativo de personal no calificado, cuando presidió la Junta Directiva del Congreso entre 2015 a 2016. 

Armando Rabbé quedó a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, quien ordenó su detención provisional con fines de extradición. 

Se sabe que Rabbé Tejada es requerido porque aprobó un gran número de contrataciones irregulares de personal, quienes percibían entre 8 mil y 20 mil quetzales mensuales, sin que se presentaran a laborar, acciones que causaron daños al erario de Guatemala.  

Además autorizó los nombramientos para integrantes de la Junta Directiva con personas que no cumplían con el perfil del puesto.


jbh

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