No creo en fuero ni lapidaciones: Duarte

El gobernador contestó todas las preguntas del Ministerio Público, así como el cuestionario de la organización Artículo 19, informa la procuraduría del DF.
Luis Ángel Bravo, fiscal de Veracruz (corbata azul), atestiguó la entrega de oficios a personal de la PGJDF.
Luis Ángel Bravo, fiscal de Veracruz (corbata azul), atestiguó la entrega de oficios a personal de la PGJDF. (Especial)

Veracruz

Javier Duarte, gobernador de Veracruz, afirmó que no cree en el fuero, pero tampoco en el linchamiento mediático, al deslindarse del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados el fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres.

Ayer, representantes de la procuraduría del Distrito Federal tomaron en Xalapa su declaración en calidad de testigo, lo que el mandatario estatal calificó de “hecho inédito en la historia política y jurídica de México”.

“En dicha declaración respondí a todas sus preguntas y dejé claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la Ciudad de México”, señaló en un comunicado.

Indicó que no cree en el fuero, pero “tampoco en los linchamientos públicos que, lejos de crear valor, alejan la verdad y encubren a los verdaderos culpables”.

La procuraduría capitalina informó que la comparecencia “voluntaria en calidad de testigo” se desarrolló en las instalaciones de la fiscalía general de la entidad, adonde acudió el equipo encabezado por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido.

Destacó la decisión de Duarte de declarar, no obstante la excepción que establece el artículo 111 de la Constitución, que refiere el beneficio que tiene un alto funcionario para acogerse a ésta.

Puntualizó que el gobernador compareció durante una hora con 15 minutos, tiempo en el que contestó “en su totalidad” las preguntas del Ministerio Público, así como el cuestionario formulado por Darío Ramírez Salazar, presidente de la organización Artículo 19.

ENTREGAN CUERPO

Funcionarios del consulado de Colombia reclamaron ayer el cadáver de Mile Virginia Martín, una de las mujeres asesinadas en el departamento de la calle Luz Saviñón.

Con base en diversas pruebas periciales que entregó la procuraduría capitalina, los familiares identificaron a la víctima mediante fotografías, por lo que el Instituto de Ciencias Forenses accedió a entregarles el cuerpo.

Según las autoridades, no hubo necesidad de que los hermanos o el padre de Mile viajaran al DF.

Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que declare estos homicidios como “grave violación”, a fin de que participe en la indagatoria del caso.

Además, anunciaron una marcha para el próximo domingo a las 12 horas del Ángel de la Independencia a las instalaciones de la procuraduría capitalina.

Dijeron que las pesquisas presentan inconsistencias y que el gobierno capitalino intenta “darle carpetazo” al caso. También descartaron el robo como móvil del crimen, ya que no existen pruebas jurídicas que sustenten esta línea de investigación.

En conferencia, representantes del colectivo Justicia Pro Persona, afirmaron que la comisión no quiere investigar, porque de hacerlo debe tener como línea de investigación privilegiada al gobernador de Veracruz y las amenazas contra periodistas.

A este llamado se sumó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, coadyuvante en el caso de la activista asesinada, al decirse preocupada de que la información se filtre, pese a no tener soporte jurídico.

Con información de: Leticia Fernández y Eugenia Jiménez 

LLAMAN A PROTEGER A PERIODISTAS

El Consejo Consultivo de la CNDH enfatizó la necesidad de que el Estado brinde a los periodistas y medios de comunicación, así como a los defensores de derechos humanos, condiciones para salvaguardar su integridad física y seguridad jurídica, al tiempo que reprobó las agresiones a sus derechos fundamentales.

También consideró de la mayor importancia proteger el esencial interés público que los periodistas y defensores realizan en beneficio de la democracia.

El Consejo Consultivo reprobó los acontecimientos ocurridos en fechas recientes, tales como hostigamiento, amedrentamiento, agresiones físicas, ataques a instalaciones y el asesinato de periodistas y defensores, por tratarse de acciones que repercuten en forma negativa contra los derechos de la sociedad.

“No pasa inadvertida la obligación del Estado mexicano de investigar esas agresiones a profundidad para que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas... conozcan la verdad de lo sucedido” agregó.

Destacó que los ataques cometidos contra los comunicadores vulneran el régimen democrático, por lo que resulta fundamental que las autoridades y la sociedad civil asuman de manera inmediata un compromiso con la libertad de expresión.

Con información de: Eugenia Jiménez/México