Corte ordena detener a ex funcionarios de Yucatán

José Humberto Marrufo Ramírez y Martina Caamal Chuc, ex presidente municipal y ex tesorera de Telchac Puerto, respectivamente, son señalador por no cumplir con una sentencia judicial.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó detener y consignar a José Humberto Marrufo Ramírez y Martina Caamal Chuc, ex presidente municipal y ex tesorera de Telchac Puerto, en Yucatán, respectivamente, por desacato a una sentencia judicial.

Durante más de dos años, en su calidad de servidores públicos se negaron a cumplir con un amparo que ordenaba regresarle a una mujer más de 240 mil pesos por concepto de impuestos tras la compra de una propiedad.

El caso inició cuando, en abril de 2013, una particular ganó un amparo contra la Ley General de Hacienda para los municipios de Yucatán, que facultaba a los ayuntamientos para cobrar un impuesto por la venta de inmuebles. Por ello se ordenó al gobierno de Telchac devolverle a la ciudadana 240 mil 200 pesos, que le habían cobrado indebidamente por este concepto.

Ante el desacato, el ministro Eduardo Medina Mora propuso al Pleno que los ex funcionarios fueran consignados.

“Ya que tanto el juez de Distrito, el Tribunal Colegiado de Circuito, como esta Superioridad, informaron y requirieron a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo, de tal forma que quedaron debidamente enteradas…

“…hasta la presente fecha no obra constancia alguna, que acredite que las autoridades responsables, hayan dado cumplimiento a la sentencia de amparo”, indicó el ministro proyectista.

La ministra Margarita Luna Ramos, quien en ocasiones anteriores ha votado de manera contraria en estos asuntos, avaló el proyecto de resolución y sólo los ministros Fernando Franco y Olga Sánchez se apartaron del mismo.

Por mayoría se ordenó la consignación directa de los ex funcionarios ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

También se ordenó al actual gobierno de Telchac Puerto cumplir con la sentencia y devolver en un plazo máximo de 10 días, los más de 240 mil pesos a la mujer que fue amparada.