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Miércoles , 26.09.2018 / 06:29 Hoy

Corte prevé analizar en segundo periodo leyes anticorrupción a modo

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo que podrían revisar en el segundo semestre el trámite de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes a modo de los Duarte y Borge.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría analizar en el segundo semestre de este año el "trámite" y "posible resolución" de las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la República contra los congresos locales y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, respectivamente, quienes impulsaron la creación de fiscalías, contralores y magistrados anticorrupción a modo.

Durante la ceremonia de clausura del primer periodo de sesiones del Alto Tribunal, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que prevén resolver el mencionado tema hasta el segundo periodo.

Este caso ha generado polémica a nivel nacional, pues las reformas realizadas en las mencionadas entidades buscan blindar a los mandatarios que están a punto de concluir su encargo, mismos que han sido señalados por diversos sectores de la sociedad de malos manejos y de desviar recursos públicos.

"En la segunda parte de este año jurisdiccional de este alto tribunal que iniciará el primero de agosto (próximo), podríamos ver las acciones de inconstitucionalidad 96 y su acumulada 97/2014 en la que se impugna la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que ya está en lista para el 8 de agosto

"También las acciones de inconstitucionalidad 50 a la 54/2016 donde se impugna el Código Electoral del Estado de México, así como el trámite, posible resolución de los acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR respecto a la legislación de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, en los que se combate las leyes anticorrupción publicadas en esas entidades", dijo Aguilar Morales.

El pasado lunes, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República promovió las acciones de inconstitucionalidad en las que reclamó las modificaciones aprobadas por los congresos locales de los mencionados estados.

La PGR argumentó que las modificaciones a los estatutos estatales son contrarias a la reforma constitucional de mayo de 2015, que prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El recurso legal hizo que los mandatarios estatales comenzaran a echar marcha atrás.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, dijo que ninguna institución y ni un servidor público, sin importar el orden de gobierno en que se desempeñe "puede estar al margen de la ley".

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