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Domingo , 21.10.2018 / 15:09 Hoy

Corte: jueces administrativos, únicos para ver amparos de bloqueados por Hacienda

Las personas incluidas en la lista de bloqueados por Hacienda deberán hacer valer todos los conceptos que ellos consideren que se están violando en su contra.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las personas que sean incluidas en la lista de personas bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sólo podrán recurrir al amparo ante jueces administrativos y no en materia penal.

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Por mayoría de siete votos, el Pleno de la Corte avaló la nueva tesis, luego de que dos tribunales colegiados en materia penal y administrativa tenían puntos de vista distintos sobre el tema.

El criterio de la Corte comenzará aplicarse una vez que se publique la tesis en el Semanario Judicial.

Ahora, las personas que sean incluidas en dicha lista, tal y como lo establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán hacer valer todos los conceptos que ellos consideren que se están violando en su contra, porque en materia administrativa no existe suplencia de la queja.

Es decir, en materia penal se les corrige la plana a los quejosos cuando olvidan mencionar algo, para que no queden en estado de indefensión; esto no ocurre en materia administrativa; lo que no se argumente en su momento más tarde no tendrá validez.

La ministra Norma Piña Lucía Hernández lo explicó de la siguiente manera:

"Efectivamente, en materia penal existe la suplencia total de los conceptos de violación y de los agravios aun ante la ausencia de estos; en materia administrativa es de estricto derecho y, por lo tanto, los quejosos tienen que hacer valer los conceptos de violación; esas serían las implicaciones..."

El ministro Fernando Franco González Salas dijo que cuando se trata de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una autoridad formalmente administrativa que actúa en uso de facultades administrativas y, consecuentemente, el resultado tiene que ser, que se le dé esa connotación y también actuar un juez de distrito en esa materia.

El ministro Javier Laynez Potisek explicó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera llega a tener indicios de que existe un delito, en ese momento, cesa su competencia y entrega el asunto al Ministerio Público.

Laynez Recordó que la Procuraduría General de la República tiene su propia unidad antilavado, que no tiene nada que ver con la administrativa antilavado, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Piña Hernández retomó la idea del ministro Javier Laynez, quien señaló que una vez que el país adoptó tratados internacionales en cuanto al establecimiento de una unidad de inteligencia financiera, México optó por el sistema administrativo derivado de esas obligaciones.

"¿Qué obligaciones eran? La obligación que se impone a nivel internacional es establecer mecanismos para detectar y prevenir que los sistemas financieros de cada país se utilicen por aquellas organizaciones que den lugar a un lavado de dinero, a terrorismo, etcétera; pero la finalidad de estas unidades, –y que se da en el sistema financiero mexicano a nivel administrativo, que en otros países están combinados con sistema administrativo y sistema de policía de seguridad nacional, en específico– aquí bien pueden ser híbridos, bien lo pueden mandar a la materia penal, –en México lo mandaron a la materia administrativa– es crear mecanismos para proteger el sistema financiero; es decir, que no sean utilizados –el sistema financiero en general– para las operaciones de lavado de dinero", explicó la ministra.


jbh

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