Evaluación a maestros es constitucional y obligatoria: Corte

El alto tribunal declaró constitucional la evaluación para los docentes al servicio del Estado, ya que atiende al interés superior del menor y a la calidad educativa.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A los ministros sólo les bastó el estudio de uno de los 26 de amparos que fueron admitidos para su análisis. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la evaluación magisterial, la cual es obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio del Estado, ya que atiende al interés superior del menor y a la calidad educativa.

Por unanimidad, el alto tribunal acabó con las pretensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes buscaban evitar que los profesores se sometan a exámenes de evaluación para garantizar su permanencia en las aulas.

El tema de la evaluación prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente era el principal asunto que impugnaron los maestros en sus demandas de garantías. A los ministros sólo les bastó el estudio de uno de los 26 de amparos que fueron admitidos para su análisis.

En los próximos días, el Pleno abordará otros temas reclamados por los maestros, pero el punto de mayor importancia quedó resuelto.

Los ministros estuvieron de acuerdo con el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, más no con sus consideraciones. Cada uno de ellos ofreció un punto de vista distinto.

El ministro Juan Silva Meza dijo que la reforma en materia educativa cumple con la protección de derechos humanos y laborales, además de que no representa una invasión ponderativa, porque la evaluación persigue el mejoramiento de la calidad educativa.

Las medidas aprobadas por el Congreso de la Unión, añadió, cumple con estándares a nivel nacional e internacional, ya que solo obliga a los maestros a prepararse en conocimiento y habilidades.

El ministro José Ramón Cossío Díaz manifestó que las tres oportunidades de evaluación y los programas de regularización para obtener la suficiencia de resultados para estar en aptitud de continuar en el desempeño del servicio profesional docente, "sí resulta idóneo en función de la periodicidad mínima establecida en la propia ley, al menos una cada cuatro años".

Del mismo modo que Cossío, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, rechazó que los docentes se encuentren bajo un "régimen de excepción", por debajo de los derechos de los demás mexicanos.

Indicó que las tres oportunidades de examen que tienen los docentes para continuar impartiendo clases, cumplen con el fin legítimo de proteger a los niños que están educando.

Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea puntualizó que la estabilidad al empleo no es un derecho absoluto, pues éste derecho admite como excepciones, las causas de justa separación.

Subrayó que la medida de cesar a los maestros a los que no se sometan a la evaluación es apta e idónea, porque se pretende que cuenten con conocimientos actualizados.

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que la reforma es lo menos restrictiva posible, porque los docentes tienen tres oportunidades para permanecer en sus puestos laborales y en otros casos se les ofrece su reubicación.

Franco detalló en su proyecto de sentencia que la evaluación obligatoria prevista en el artículo Tercero de la Carta Magna es coherente con tratados internacionales que protegen la estabilidad en el empleo.