Conflicto en Michoacán es político-militar: experto

Reforzar con 250 millones de pesos el programa de Prevención del Delito no resolverá el conflicto en la entidad debido a que éste ya no es un problema de seguridad, aseguró Alejandro Hope.
Integrantes de grupos de autodefensa ocuparon el sábado dos poblados más del estado de Michoacán.
Integrantes de grupos de autodefensa en Michoacán.

Cd de México

El conflicto en Michoacán no es un problema de seguridad sino un conflicto político-militar entre varios grupos armados por lo que destinar 250 millones de pesos para reforzar el programa de Prevención del Delito es una burla, aseguró Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El experto en temas de seguridad, también señaló que algunos puntos del Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad en Michoacán, firmado la tarde de este lunes, no quedan claros en la práctica, sobre todo el que se refiere a las autodefensas ya que el gobierno federal no explicó cómo hará que éstas dejen las armas.

"La gran interrogante que surge del anuncio es si el gobierno va a cambiar de actitud y ahora va a desarmar a las autodefensas. (...) ¿Va a ir personal federal a Nueva Italia o a Parácuaro y las va a desarmar?. Eso todavía no lo entiendo."

En entrevista con Milenio, Hope señaló las consecuencias que el gobierno federal y estatal enfrentarían con el desarme, ya que hasta cierto punto las autodefensas vigilan territorios que la policía no ha conseguido cuidar.

"El número de elementos presentes no da para cubrir todos los municipios, por eso habían adoptado un espíritu de tolerancia con las autodefensas porque realizaba labores que ellos no realizaban, por eso no creo que los vayan a desarmar", comentó Hop.

De igual manera, Alejandro Hope señaló que el gobierno de Fausto Vallejo no es un interlocutor válido en el conflicto ya que siempre ha sido un espectador a causa de los problemas de salud del mandatario y por la falta de autoridad que éste mostró en los momentos de crisis.

"El gobierno federal parece suponer que el gobierno estatal es un interlocutor válido en este conflicto, que es un participante real, pero el gobierno estatal está ajeno, es un espectador; entonces acordar algo con el gobierno estatal no tiene lógica."