Seis ex empleados de la fabricante de armas alemana Heckler & Koch (H&K) comparecieron este martes ante un tribunal por la venta ilegal de varios miles de fusiles a México.
El caso comenzó en 2010 cuando defensores de derechos humanos, encabezados por el periodista Jürgen Grässlin, acusaron a los seis ex empleados de vender las armas, pese a que sabían que terminaría en algunos de los estados mexicanos más afectados por la violencia.
Incluso, los activistas aseguraron que algunas de las armas fueron enviadas a la policía de Iguala y habrían sido utilizadas en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los acusados son dos ex directores generales, dos ex directores comerciales, una empleada comercial y un ex representante de la firma en México, de entre 54 y 77 años.
Todos acudieron este martes a una corte de Stuttgart, en la que enfrentan cargos por violar la legislación alemana sobre venta de armas.
De acuerdo con el expediente, son sospechosos de haber vendido entre 2006 y 2009 miles de fusiles de asalto automáticos HK G36 a México.
Según la prensa alemana, el ministerio de Defensa mexicano aprobó la compra de 9 mil 652 fusiles HK G36, de los cuales 4 mil 796 terminaron en estados como Guerrero, azotado por la corrupción y la violencia de los cárteles de droga.
La denuncia señala que los sospechosos sabían que las armas terminarían en los estados mexicanos más afectados por la violencia, lo que la licencia de exportación prohibía formalmente.
La legislación alemana sobre el control de armas prohíbe que las armas fabricadas por las empresas nacionales sean entregadas en zonas de conflicto.
De ser hallados culpables, los seis ex empleados pueden alcanzar hasta cinco años de prisión, mientras que a la empresa Heckler & Koch se le puede imponer una multa.
Al comienzo del juicio, activistas de derechos humanos se manifestaron frente a la corte y reiteraron su señalamiento de que los fusiles HK G36 fueron enviados a la policía de Iguala, donde se suscitaron los hechos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
“Los que autorizaron esas exportaciones de armas (...) son cómplices de asesinato”, declaró Jürgen Grässlin.
Grässlin presentó una demanda en 2010, luego de ser contactado por un ex empleado de la empresa inconforme con venta irregular.
Es de conocimiento público que en algunos estados de México los criminales y la policía utilizan el G36 y “a menudo cooperan entre ellos”, afirmó Grässlin.
Se prevé que el juicio que comenzó este martes se extienda hasta fines de octubre.
La compañía alemana manifestó su disposición a colaborar en el procedimiento judicial.
