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Comerciantes del Centro huyen por ‘narcos’ de Tepito

Las víctimas acusan que les cobran un enganche de hasta $100 mil y luego una cuota mensual que llega a $5 mil.
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El acoso criminal de La Unión de Tepito ha generado la salida de empresarios y comerciantes del Centro Histórico, ante la incapacidad de las autoridades capitalinas para desarticular a esta organización, que se autodefine como “cártel”.

A través de videos y documentos los afectados documentaron una serie de amenazas y extorsiones que derivaron en el abandono de al menos 60 locales y despachos de las calles Belisario Domínguez, República de Cuba, República de Brasil, Palma Norte y República de Chile en lo que va de 2018.

MILENIO tuvo acceso a imágenes y documentos que revelan la forma de operar de una red de jóvenes que aseguran pertenecer a La Unión, quienes son los responsables del éxodo en esta zona de la capital.

Se dedican a recolectar dinero en células de cinco u ocho sujetos bien entrenados, con corte de pelo raso y camisetas negras, blancas o rojas, dependiendo el día en que amedrentan a sus víctimas.

Los delincuentes exigen un “enganche” que va de 50 mil a 100 mil pesos como “derecho de piso”. Eso sí, dan facilidades de pago. Ya cuentan con datos personales de las víctimas, de sus ingresos y cuentas bancarias.

La cuota que fijan depende de la capacidad económica de comerciantes y empresarios, los cuales posteriormente deben entregar mensualmente 3 mil o 5 mil pesos.

De la extorsión no escapan ni los integrantes de la bien organizada comunidad coreana asentada en el Centro Histórico, la cual tiene bodegas principalmente en la calle República de Brasil.

Viernes y sábado son días de cobro para los extorsionadores que operan en el cuadrante C-1.4.2 de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de los oficiales Ricardo Palacios Romero, Roberto Morales Alpide y Juan González Quiroz.

Recorren negocios y locales a plena luz del día, frente a personal de la SSP, que encabeza Hiram Almeida, y de la Policía de Investigación, a cargo del comandante Raúl Peralta, quienes supuestamente mantienen un operativo especial en la zona.

Los comerciantes dijeron que ninguno de los dos funcionarios ha hecho caso a sus denuncias.

Células de La Unión llegan a locales, se “entrevistan” con dueños o encargados a quienes con amenazas sacan discretamente y a bordo de una motoneta los llevan a Plaza de Santo Domingo, entre los números 10 y 15.

Ahí les cubren la cabeza, les colocan una pistola en la sien y advierten que deben pagar el “derecho de piso” si quieren seguir trabajando o de lo contrario los matarán, así como a sus familias. “No le estamos preguntado si quiere pagar, paga a huevo o hasta a sus familias matamos”, advierten los delincuentes.

Las víctimas han sido ignoradas por el gobierno de Ciudad de México y también por autoridades federales.

Han recurrido al Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad.

Señalaron que este organismo cobra 338 mil 834 pesos por realizar un “análisis de riesgo” del que dependerá el número de “efectivos o policías” que requieren para protegerse

“La tarifa considera una célula básica de cinco integrantes. Se contratarán el número de células que se requieran para llevar a cabo el análisis correspondiente, conforme al alcance que determine la evaluación previa”, respondió el servicio ante una de las peticiones de los afectados, quienes además tendrían que pagar el salario y alimentos diarios de los federales que decidan contratar.

La cuota fija diaria del sector privado de un policía tercero es de mil 632 pesos. “Nos sale más caro pagar esto que la extorsión”, aseguraron los comerciantes.

Señalaron que de enero a la fecha han emigrado 60 empresarios y comerciantes que no pueden cubrir las cuotas de La Unión.

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