Combate a la tortura, una labor mayúscula: CNDH

En diciembre funcionarios de la ONU visitaron penales, estaciones migratorias, donde advirtieron diversas situaciones de riesgo.
Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Javier Ríos)

México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó a las Naciones Unidas que para combatir la tortura en México se requiere una “labor mayúscula” y reconoció que “aún falta mucho por hacer” para erradicarla.

En diciembre pasado integrantes del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, estuvieron en México, en una misión de 10 días en los que se reunieron con autoridades federales, con la CNDH, organizaciones civiles; además de visitar penales.

El informe se dará a conocer hasta el próximo año, aunque entregó un adelanto a las autoridades, las cuales decidirán si lo hacen público.

En el contexto de la misión la CNDH entregó al subcomité los informes 2015 y 2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del que es responsable esa comisión. 

El mecanismo dio a conocer que en los penales federales y estatales, así como en las estaciones migratorias, advirtieron situaciones de riesgo, como “el uso irregular de la fuerza y medios de coerción, inadecuadas condiciones de las instalaciones, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención, carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, así como de personal para su atención”.  Además, “los  internos realizan funciones de autoridad, cobros y privilegio”, entre otras.

Del informe se desprende que en 2016 se realizaron 564 visitas a  agencias del Ministerio Público y fiscalías, centros de arraigo, Ceresos Varoniles y Femeniles, Centros de Tratamiento para Adolescentes, instituciones psiquiátricas, estaciones migratorias y estancias provisionales, entre otros sitios.

Documentaron una “inadecuada separación y clasificación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos, falta de difusión de reglamentos a la población interna, omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.

Además, deficiencias en el consentimiento informado de pacientes psiquiátricos, falta de personal médico, prestación del servicio, equipo y abasto de medicamentos, práctica de exámenes médicos sin condiciones de privacidad e insuficiente personal de seguridad”.