La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha recibido quejas sobre violaciones en el operativo de la Marina en Nayarit en el que resultó muerto Francisco Patrón Sánchez, El H2, líder del cártel de los Beltrán Leyva, y 14 sujetos más.
Así lo dio a conocer el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, en respuesta a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que esa acción fue una “masacre” que incluyó la muerte de menores de edad.
El ombudsman puntualizó, sin embargo, que la Segunda Visitaduría del organismo recaba información en la materia.
Por otra parte, González Pérez llamó al Poder Legislativo a realizar un amplio debate antes de aprobar la ley de seguridad interior.
Solicitó que se aplace la aprobación de esa ley, a fin de “que la precipitación no nos haga incurrir en una legislación que no sea la apropiada. Más vale prudencia y una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente en el ámbito civil y el ámbito militar”.
Después de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, reiteró que la postura de la CNDH es que ninguna regulación debe transgredir las competencias y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos.
“Cualquier presencia de las fuerzas armadas en las calles tiene que ser transitoria”, enfatizó al tiempo de reconocer que el retiro de éstas debe ser gradual, pues “sería ingenuo pensar que tienen que retirarse hoy, porque tenemos el problema de seguridad, que es real, es vigente y también existe el derecho humano a la seguridad”.
Insistió: “Tiene que haber un plan de retorno verificable, gradual y, desde luego, siempre el respeto a los derechos humanos. No se puede sustituir las competencias de otras autoridades, como es la persecución de los delitos, que en el artículo 21 prevé que compete al MP y a las policías federal y estatales”.
El ombudsman opinó que el tema de la seguridad interior surge del pendiente que tienen los gobiernos estatales “en cumplir con lo que les toca” y que en 10 años no han podido resolver.
“Como ellos mismos han reconocido, no están preparados en tareas de seguridad, sino que la necesidad hizo que estuvieran presentes (las fuerzas armadas), porque las policías locales fueron rebasadas en sus capacidades”, expresó.
