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Viernes , 25.05.2018 / 22:04 Hoy

CNDH emite recomendación a PGJ de Guanajuato

Elementos de la Procuraduría, junto con elementos municipales de Celaya, humillaron y discriminaron a una víctima de violación.

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Eugenia Jiménez Cáliz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y a integrantes del Ayuntamiento de Celaya, por humillar, discriminar y entorpecer el derecho a la justicia de una mujer víctima de violencia sexual.

Tras haber sido violentada sexualmente el 4 de abril de 2014, la agraviada manifestó que ese mismo día comunicó los hechos a su esposo y a dos policías municipales, y estos últimos omitieron realizar un recorrido para ubicar al agresor y poder detenerlo, en tanto que uno de ellos se dirigió al cónyuge para decirle que su esposa "tiene un novio o amante", y la llevaron a la Agencia del Ministerio Público, dejándola en el exterior del edificio.

La persona encargada del módulo de atención primaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato cuestionó la entereza de la mujer frente a los hechos, y el por qué no estaba golpeada o maltratada, además de que la acusó de haber dejado a sus hijas para ir "a tener sexo con un hombre".

El 11 de noviembre de ese año, la CNDH atrajo el caso iniciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por tratarse de un asunto relacionado con violencia hacia la mujer, e integró el expediente CNDH/4/2014/7281/Q para investigar las probables violaciones a derechos humanos descritas por la víctima.

Al respecto, la CNDH consideró que el contexto que prevalece en el país es de una cultura sexista en la atención e investigación de los delitos de carácter sexual sufridos por mujeres y valoró lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas", donde señala que "las autoridades encargadas de las investigaciones de incidentes de violencia contra las mujeres no efectuaban su labor de manera competente e imparcial y que esta falla impactaba la eventual sanción de los casos", así como que dichas autoridades "descalifican y culpabilizan por sus acciones" a las víctimas o sus familiares.


ERM

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