CIDH envía a Corte Interamericana caso de 11 mujeres violentadas en Atenco

La SCJN ya definió responsabilidades, mientras aún hay prófugos de la ley. 

Ciudad de México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres detenidas ilegalmente en 2006, durante operativos policiacos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

La CIDH indicó en un comunicado que el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio y Claudia Hernández Martínez.

Además de Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

La Comisión informó que la detención ocurrió en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.

"La detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica", explicó.

Afirmó que acreditó la existencia de "graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas", los cuales fueron cometidos por agentes estatales.

El Estado mexicano ya ha investigado los hechos a los que se refiere la Comisión y llegado a las mismas conclusiones, derivado de investigaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tomando en cuenta las investigaciones generadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sobre los hechos de mayo de 2006, la SCJN identificó en 2009 plenamente a los agresores, entre los que figuraron policías que comandaron y ejecutaron el operativo, y paramédicos y un ministerio público, los cuales encubrieron los hechos de violencia en contra de las mujeres.

A la fecha existen 30 personas detenidas sobre las cuales pesan 48 procesos penales, entre los cuales existen mandos policiales medios a cargo del operativo; en tanto, están pendientes 14 órdenes de aprehensión, sobre las cuales se investiga el paradero de los imputados. La última de las órdenes de aprehensión fue girada este mayo en contra de un mando policiaco.

Cuando la Suprema Corte se refirió al caso en febrero de 2009 concedió que la decisión de uso de la fuerza por las autoridades se encontraba justificada, sin embargo el exceso violento de los manifestantes no justificó "los excesos y abusos" de parte de las autoridades.

A pesar de esto, para la Comisión Interamericana el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable

La Comisión Interamericana envió el caso a la Corte el 17 de septiembre, con el fin de que profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento.

Así mismo, la Comisión recomendó al Estado mexicano realizar una reparación integral a favor de las víctimas, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, además de investigar de manera efectiva el caso.

Al respecto el Estado mexicano ha remitido a las víctimas 3 propuestas de reparación integral, las cuales incluyen atención médica y psicológica, prestaciones sociales y una compensación económica, además de una disculpa pública por funcionarios federales; propuestas que han sido rechazadas.


ERM