ONU pide ampliar investigación por caso Tlatlaya

El relator especial de Naciones Unidas, Christof Heyns, instó a las autoridades a considerar las nuevas evidencias en relación a la muerte de 22 personas durante una operación militar en Tlatlaya.
La policía estatal se encuentra en la bodega en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas en un enfrentamiento con el Ejército.
(AP/Archivo)

Ciudad de México

El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias en relación con la muerte de 22 personas durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.

“Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento”, señala la ONU en un comunicado.  

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó el jueves que los militares que operaban en Tlatlaya tenían la orden de "abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario", de acuerdo con una orden de relevo que daba instrucciones de operación a los militares de la base de San Antonio del Rosario, quienes participaron en el operativo del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

Según el experto de la ONU, las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario. 

“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, señaló.

Y agregó que la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, “con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”. 

El relator de la ONU también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones a un año de los hechos; “resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”.

“Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”, puntualizó. 

Heyns  comentó que las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya; así como la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.