A 2 años, caso Tlatlaya sigue en la impunidad: Centro Prodh

El Centro Prodh, con otras 15 organizaciones, indicó que el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les niega su derecho a la justicia y la verdad; pide a PGR investigar.
La madrugada del 30 de junio de 2014, 22 civiles murieron y un militar resultó herido luego de un enfrentamiento en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.
La madrugada del 30 de junio de 2014, 22 civiles murieron y un militar resultó herido luego de un enfrentamiento en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. (AP)

Ciudad de México

A dos años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, el caso sigue en la impunidad, ya que ningún responsable es procesado penalmente y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En un comunicado acusó, con otras 15 organizaciones, que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, lo que "llevó a la consolidación de la impunidad".

En mayo el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres militares que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o la responsabilidad de los soldados.

"Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos 'abatir delincuentes en horas de la oscuridad', ésta sigue sin ser investigada", indicó.

Hace un año, el Centro Pro presentó el informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir", en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de operación en la que se instruye a los militares "abatir delincuentes en horas de oscuridad"; por dicha orden instancias internacionales como el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano investigar exhaustivamente dicho documento.

El Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, por lo que organizaciones exigieron que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo con los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia.

Denunció los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de la también víctima menor de edad, Erika.