Tlatlaya: PGR apela liberación de 4 militares

Un juez ordenó liberar a cuatro de los siete militares acusados de participar en el enfrentamiento en el que murieron 22 civiles, pues PGR nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando.
Aniversario luctuoso de los hechos ocurridos en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El 30 de junio de 2014 murieron 22 presuntos delincuentes en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. (Erika Flores)

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR) apeló la liberación de cuatro de siete militares a los que acusó de participar en el enfrentamiento suscitado en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde perdieron la vida 22 presuntos delincuentes, algunos de ellos que se presume fueron ejecutados extrajudicialmente.

El pasado 5 de octubre, Rubén Noguera Gregoire, juez 14 de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, ordenó la libertad de Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quienes fueron señalados por la PGR del delito de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.

La liberación de los soldados derivó porque la Procuraduría General de la República nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados.

El caso es muy probable que sea revisado de nueva cuenta por el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México, quien dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado contra los cuatro militares y ordenó emitir una nueva resolución.

El juez 14 sólo dictó auto de formal prisión contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes fueron acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

La PGR comenzó la investigación del caso Tlatlaya mes y medio después (en agosto de 2014) que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde los peritajes del Ministerio Público Federal se derivan de los realizados de la autoridad estatal, lo que hizo perder sustento ante los juzgadores.

Incluso la PGR quiso actuar penalmente contra el soldado de sanidad Rony Martínez Atilano, que fue herido durante el enfrentamiento contra la escisión del cártel de La Familia Michoacana.