Juez permite comunicación a líder de Guerreros Unidos

Sidronio Casarrubias Salgado, capturado el 17 de octubre, recibió una suspensión provisional para no permanecer incomunicado en instalaciones de la PGR.
El procurador dijo que 25 personas fueron trasladados a un penal de Nayarit por el caso Iguala.
Hasta el momento 25 de los relacionados por el caso Iguala se encuentran recluidos en un penal en Nayarit. (Jorge Becerril)

Ciudad de México

El juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como jefe absoluto de Guerreros Unidos, grupo criminal responsable de la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre.

El presunto narcotraficante demandó la protección de la justicia para no permanecer detenido e incomunicado en instalaciones de la PGR.

La demanda fue presentada el 17 de octubre; el juzgado le concedió la suspensión provisional contra actos privativos de la libertad; ese mismo día, Sidronio fue capturado por la Policía Federal cuando circulaba en la carretera México-Toluca.

Durante sus primeras declaraciones, Casarrubias Salgado aseguró ante el agente del Ministerio Público Federal que él fue informado del levantamiento de los normalistas, pero aseguró que él no lo ordenó y mucho menos se opuso.

También reconoció que pagaba la totalidad de los salarios de las policías municipales tanto de Iguala, donde ocurrió la desaparición, como de Cocula, los cuales ascendían a 600 mil pesos al mes.

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que la detención de Sidronio Casarrubias Salgado es el "principio de una nueva ruta de investigación que nos pueda acercar mucho más pronto y más fácilmente a la verdad".

En los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala seis personas murieron, entre ellas tres normalistas, mientras que 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron.

La PGR ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos por información que lleve a la localización de cada uno de los normalistas desaparecidos, mientras que el gobierno de Guerrero da un millón de pesos por datos que ayuden a su ubicación.