Cárceles mexicanas son de las más pobladas del mundo

En 2011 había en prisión 22 mil 15 personas por delitos de drogas, cifra que aumentó al año siguiente a 23 mil 613; en 2013, sumaban 26 mil 98.

México

Las tasas de encarcelamiento en México y ocho países de Centro y Sudamérica se encuentran por encima del promedio mundial, pues casi todas estas naciones, excepto Bolivia, superan la tasa de personas en prisión por cada 100 mil habitantes a escala global: 144 (International Center for Prision Studies-ICPS).

En 2015, nuestro país tenía una tasa de 212 personas por cada 100 mil habitantes; la población carcelaria en ese año era de 257 mil 17, lo que representa un aumento de 25 por ciento de 2005 a 2015.

Costa Rica, por ejemplo, tiene una tasa de 291 (2014), Uruguay de 278 (2012), Brasil de 274 (2012), Colombia de 245 (2014), Perú de 212 (2014), México de 212 (2015), Ecuador de 165 (2014), Argentina de 152 (2013) y Bolivia de 134 (2013).

La anterior información fue recabada por el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD), el cual reúne a investigadores de nueve países de Latinoamérica, cuyo propósito es estudiar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas; el CEDD se encarga de informar sobre la efectividad de las políticas actuales y recomienda opciones para contar con medidas más efectivas.

El argentino Alejandro Corda, quien ha trabajado en el Poder Judicial de su país, investigador del CEDD e integrante de la asociación civil Intercambios, la cual se dedica al estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, dijo que pese a las reformas en distintos países para no criminalizar ciertas actividades delictivas, parecen no haber cambiado la estrategia para afrontar los temas relacionados a las drogas.

En el contexto de la sexta Conferencia Latinoamericana y primera Conferencia Caribeña sobre Política de Drogas que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, Corda comentó que hoy más mujeres ingresan a prisión por delitos relacionados con drogas, aunque no representan una peligrosidad y son víctimas porque son usadas por los narcotraficantes como mulas.

De acuerdo con el informe denominado Reforma a las políticas de drogas en Latinoamérica: Discurso y realidad, el CEDD señaló que las iniciativas utilizadas en estos países no han cambiado del todo, porque se sigue castigando penalmente algunos delitos relacionados con las drogas.

“La información recogida en los nueve países que integran el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho indica que la herramienta penal sigue enviando a prisión cada vez a más personas por delitos de drogas. Ellas suelen representar una significativa proporción de la población en prisión, una de cada cinco en varios países, y en la mayoría de ellos crece a un ritmo más acelerado que la población en prisión general”, detalla el documento.

El CEDD subrayó que la excepción es Ecuador que, luego del indulto otorgado en 2008 para pequeños transportistas de drogas (mulas), redujo la cantidad de personas por estos delitos en sus prisiones; no obstante, en los años siguientes esa población volvió a crecer.

Por ejemplo, en México durante 2011 había en prisión 22 mil 15 personas por delitos relacionados con drogas, número que aumentó al año siguiente a 23 mil 613; para 2013 la cifra fue de 26 mil 98, lo que equivale a un incremento de 19 por ciento.

Colombia tenía 11 mil 808 presos por drogas en 2008, pero en 2013 las cifras oficiales señalan que contaba con 25 mil 258; en 2014 el número de reos por ese delito descendió a 23 mil 141.

El CEDD reiteró “que quienes son enviados a prisión suelen ser los actores menores del tráfico de drogas, fungibles, y asociados a economías de subsistencia u otras condiciones de vulnerabilidad. Los porcentajes de mujeres por estos delitos en prisión suelen superar el de la población general, así como los extranjeros. Y son aún más altos cuando ambas condiciones se combinan”.

La reforma al narcomenudeo en México, señala el estudio, también parece haber aumentado la población carcelaria en nuestro país al perseguir delitos menores.

El encarcelamiento de personas en estas nueve naciones, enfatizó el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, parece no haber incidido en los flujos de los mercados ilícitos, y ha producido un alto costo social, al agravar la situación de vulnerabilidad de las personas y sus entornos. La situación de las mujeres con hijos, abundó, merece especial atención.

El CEDD recomendó que dichos países deben repensar su actual estrategia sobre drogas, ajustar la respuesta penal para que sea proporcional al daño ocasionado y tomar en cuenta la función dentro de la cadena del tráfico de drogas, asimismo, moderar las penas previstas para los delitos de drogas y establecer alternativas a la condena de prisión.

De igual manera, pidió prestar atención a la situación de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que aparecen vinculadas a estos delitos, y cuyo contacto con el sistema penal agrava su situación y la de su entorno.

“ESTRICTA VIGILANCIA” EN PENALES FEDERALES

La Secretaría de Gobernación instalará un centro para monitorear todos los penales federales del país y ejercer “una estricta vigilancia de las acciones de los internos”, a fin de reaccionar de manera inmediata ante “sucesos inesperados” y evitar “que se vulnere la seguridad de las instalaciones”.

Se trata de un sistema para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia que costará mil 950 millones de pesos y se desarrollará en un inmueble de la Segob en la Ciudad de México.

De acuerdo con el análisis costo-eficiencia, registrado en la cartera de Hacienda, el órgano responsable de los penales federales “necesita un sistema de información, que sea una solución de monitoreo y control, basado en un sistema de prevención, alerta, almacenamiento e inteligencia, con capacidad para realizar labores de reacción que permitan llevar acciones inmediatas ante sucesos inesperados que ocurran en los ceferesos”. Tendrá “un criterio de mando único, que integre las capacidades de control, monitoreo y mecanismos de la infraestructura de seguridad y vigilancia”.

Con información de: Lorena López/México.



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