El estado será blindado ante el efecto cucaracha

El gobernador Rafael Moreno Valle anunció un proyecto de seguridad que contará con tecnología de punta, planeado para dar respuesta inmediata que tendrá una inversión de 100 mdp

Puebla

Antes que concluya este año Puebla contará con un sistema de blindaje con la instalación de arcos detectores, videocámaras, así como elementos policiacos especiales para dar una respuesta inmediata, detalló el gobernador Rafael Moreno Valle, quien dijo este proyecto servirá para evitar un efecto cucaracha, ante la situación que se vive en Michoacán.
Al término de su gira de trabajo por el municipio de San José Chiapa, el mandatario indicó que si bien el estado no colinda con Michoacán, no se descarta la posibilidad de que integrantes de grupos criminales de aquella zona migren a otras regiones, expuso Puebla limita con México, estado que colinda con dicha demarcación.
Moreno Valle, explicó que el proyecto presentado a las autoridades federales tendrá una inversión de 100 millones de pesos y consistirá en instalar arcos de última tecnología en cinco accesos a la entidad poblana, principalmente en la Autopista México-Puebla, y las carreteras que comunican con Veracruz. Añadió que en estos momentos el gobierno estatal comenzó a buscar los terrenos en donde serán instalados.
"A través de videocámaras y otras herramientas detectarán el ingreso de vehículos robados, o autos sospechosos a territorio poblano".
Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, dejó en claro que aquellas personas que deseen delinquir en la entidad "tendrán que hacerlo en otra parte".

Trabajarán para prevenir el secuestro

El mandatario señaló que dentro de los temas prioritarios de su administración en materia de seguridad para este año será el de prevención del secuestro, ante el incremento del delito en el estado.
Indicó que dentro de la reunión de seguridad que sostuvo el pasado lunes, se acordó establecer acciones concretas para reducir el índice.
Moreno Valle dijo que su gobierno se sumará al proyecto que encabezará el presidente municipal electo, Antonio Gali Fayad para la creación de un cuartel metropolitano.

Al menos 20 policías fueron detenidos durante el 2013

Complicidad con delincuentes, robo, abuso de autoridad y hasta homicidio fueron delitos que cometieron quienes tenían que estar encargados de la seguridad de los poblanos.
Milenio Puebla da cuenta del orden cronológico de las detenciones en contra de elementos de diversas corporaciones policíacas en contra de quienes se ejerció acción penal durante el 2013.
El 1 de marzo el Policía Estatal, Antonio Castro Martínez, fue consignado y recluido en el Centro de Readaptación Social de San Miguel luego de que reportara que fue herido en el muslo izquierdo después de ser atacado a balazos a dos cuadras de las instalaciones de la Policía Estatal, sin embargo, derivado de las investigaciones se determinó que el elemento estaba mintiendo.
Luego de los hechos Castro Martínez, elemento del grupo de operaciones especiales, confesó que en un ataque de ira él mismo accionó su arma de cargo e inventó que había sido atacado por sujetos a bordo de una camioneta Lincoln.
El pasado 4 de julio luego de la detención de integrantes de una banda dedicada el robo a restaurantes, los elementos de la Policía Municipal, Delfino Quintero Osorio y Geovanni Sánchez Tenorio, fueron detenidos cuando se desecubrió que brindaban protección a los delincuentes.
Los sujetos, por quienes se pagó una recompensa por su captura, declararon ante el Ministerio Público que recibían protección de parte de los uniformados por lo que se les inició la investigación correspondiente.
El 24 de agosto los Policías Municipales, Rafael Romero Zepeda y Juan Pablo Leo Rodríguez, fueron remitidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acusados de los delitos de abuso de autoridad, robo y extorsión en contra de dos jóvenes en la 25 Poniente y bulevard Atlixco.
Fue su jefe de sector quien directamente atendió la denuncia y presentó a los elementos ante el agente del Ministerio Público.
El 31 de agosto, Cesar Morales, hijo del alcalde de Palmar de Bravo, asesinó a un empleado de su padre, un mes después siete policías municipales fueron detenidos y consignados por la Procuraduría General de Justicia acusados de permitir y apoyar la fuga del asesino.
Los elementos Edgar Hernández Trejo, José Teodoro Hernández Vázquez, Margarito Rosas Paredes, Jorge Leonel Aldana Cabrera, Pedro Adolfo Pacheco Silva, José Antonio Rosales Pérez, Antonio Hernández Vázquez y Martín Mirón Andrade, fueron señalados como los responsables de facilitar la huida del junior que sigue prófugo.
El 3 de septiembre fue detenido Edgar Zárate González, jefe de grupo de la Policía Ministerial, acusado de robo en un bar en complicidad de un “madrina” identificado como Adrián Álvarez Juárez “El Charrasqueado”.
El 22 de octubre, Ricardo Enrique Castro Rodríguez, jefe de grupo adscrito a Tehuacán, asesinó a su esposa de un disparo de arma de fuego, intentó manipular la escena del crimen para hacer pasar el acto como un accidente pero al día siguiente se entregó.
Fue consignado y recluido en el penal de San Miguel en donde espera una sentencia por el homicidio de su esposa a quien constantemente agredía físicamente.
El 18 de octubre los policías municipales de San Andrés Cholula, Hilario Florencio García, Omar Andrés Sánchez González, Alfredo Mani Zarate, Adrián Díaz Escamilla y Cristian Ortiz Chávez, fueron detenidos por el homicidio de un hombre identificado como Salvador Cano Hernández.
Los uniformados que dispararon en contra del hombre en el fraccionamiento Geo Villas Santa Clara, fueron consignados por el delito de homicidio tumultuario al excederse en el cumplimiento de su deber. Versiones extraoficiales aseguran que los uniformados ya recuperaron su libertad.

Empiezan mal el año

El lunes pasado elementos de la Policía Ministerial que realizaron un operativo en el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, fueron vinculados al homicidio de un hombre que fue encontrado muerto en la autopista México-Puebla.
El cadáver fue identificado como Juan Eduardo García, quien fue asesinado a golpes, sus familiares llevaban varios días buscándolo luego de que les informaran que había sido detenido por elementos de la policía de San Andrés Cholula.
Los uniformados se encuentran rindiendo su declaración y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Delincuencia organizada

Los Policías Municipales de San Andrés Cholula que fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia el pasado lunes, son investigados por vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, fueron más de 10 elementos lo que rindieron su declaración en calidad de presentados, sin embargo, luego de los indicios algunos quedaron detenidos y serán sometidos a un arraigo para ampliar las investigaciones.
Los uniformados fueron detenidos como parte de las investigaciones por el homicidio de Juan Eduardo González, un transportista que fue encontrado sin vida en la autopista México-Puebla el 19 de enero pasado.
Los familiares denunciaron que el jueves 16 de enero fueron informados que el hombre había sido detenido por los elementos de la policía municipal.

Murieron seis agentes en el 2013; van 2 en enero de 2014

Durante el 2013 seis elementos de corporaciones policías murieron en el cumplimiento de su trabajo, en operativos directos contra la delincuencia o custodiando valores los elementos entregaron su vida en el servicio.
El 11 de abril fueron localizados los cuerpos de los elementos de la Policía Municipal de Cuacnopalan, Lorenzo Rosas García y José Luis Sánchez, el homicidio se atribuyó a la persecución de sujetos dedicados al robo de combustible de ductos de Pemex.
Luego de la detención de un sujeto ligado a cuatro asesinatos en Azumbilla se dio a conocer que el detenido y sus cómplices estaban vinculados a la ejecución de los uniformados.
El 24 de abril un policía auxiliar identificado como Ernesto Ortega Gutiérrez, fue asesinado durante un asalto a un camión repartidor en la colonia El Ocotal ubicada en el municipio de Huauchinango.
Días después policías ministeriales detuvieron a Leonel Olvera, acusado de asesinar al uniformado y al chofer de la camioneta, además del intento de asesinato contra del excomandante de la policía municipal de Huauchinango, pues suponía que sabía que cometió los homicidios y para evitar que lo delatará, intentó matarlo.
El 25 de junio Feliciano Rosas Luna, policía estatal fue asesinado de dos balazos por sujetos que escapaban después de cometer un robo y se toparon de frente con el uniformado que custodiaba un inmueble conocido como “Rancho Guadalupe” en la colonia El Conde, en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
El 15 de julio Luis Gerardo Luna Ramírez, elemento de la Policía Ministerial, murió en Tehuacán durante un operativo en el que se rescató a una víctima de secuestro.
En los hechos, uno de los secuestradores murió y dos delincuentes fueron detenidos, mientras que la víctima fue rescatada con vida.
El 9 de agosto un policía auxiliar murió y tres más resultaron lesionados durante un asalto a personal del Programa Oportunidades que iban a entregar recursos en la Sierra Norte.

Los elementos interceptados

El seis de enero pasado Cristian Brandon Hernández Arroyo, Policía Auxiliar de Santa Catarina, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, murió al manipular un artefacto explosivo que iba dirigido a un empresario.
El elemento trabajaba sin prestaciones sociales, seguro de vida o gastos médicos y tenía un sueldo de mil 800 pesos quincenales.
El nueve de enero el policía Eliseo García Bravo de la Policía Auxiliar San Gabriel Tetzoyucan del municipio de Yehualtepec, murió a consecuencia de heridas de arma punzocortante que le infirió un sujeto que se dio a la fuga. El elemento apoyaba en el cobro del agua a personas morosas.

Puebla, quinta entidad en evaluaciones a uniformados

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación informaron que Puebla cerró el 2013 en la quinta posición de los estados con más avances en la evaluación de los exámenes de control de confianza a policías estatales y municipales.
En el documento “Seguimiento de Avances en Evaluaciones en Control de Confianza” señaló que Puebla registró 18 mil 224 policías en activo que fueron sometidos a esos controles en el periodo de enero de 2010 a diciembre de 2013.
Por encima de Puebla fueron: Distrito Federal con 92 mil 564, México 43 mil 636 y Veracruz 19 mil 711, Jalisco 18 mil 592.
Detrás de Puebla fueron Nuevo León con 15 mil 572, Guanajuato 15 mil 393, Oaxaca 11 mil 644, Chihuahua 11 mil 519, Tabasco 11 mil 320 y Michoacán 10 mil 438.
En el mismo documento, el SESNSP y la Segob reportaron que Puebla fue séptimo lugar en evaluaciones a policías de nuevo ingreso, con un total de 1 mil 145.
En ese apartado, los estados que encabezaron en los cuatro años de medición fueron Nuevo León con 5 mil 616, Distrito Federal 4 mil 475, México 1 mil 688, Chiapas 1 mil 677, Michoacán 1 mil 606 y Sonora 1 mil 335.
El SESNSP señaló que las pruebas se encuentran establecidas por los artículos Transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la capacidad de atención de los Centros de Evaluación de Control de Confianza.
Por lo que se considera la necesidad de establecer mecanismos sólidos en el seguimiento y la continuidad del proceso de evaluación que realicen las personas físicas o morales u organismos públicos o privados, sin dejar de lado la calidad y el apego a lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza.
Luis Maldonado Venegas, titular de la Secretaría General de Gobierno, señaló que para Puebla a nivel estatal no es necesaria la prórroga para que los elementos policiacos estén evaluados, ya que aseguró la entidad concluirá antes de lo previsto.
En octubre de 2013, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas, informó que Puebla registraba en esos momentos un avance del 97 % en las pruebas. Asimismo, dio a conocer que 700 uniformados habían sido despedidos por no aprobar los exámenes.
Cabe recordar, Puebla fue de los primeros 10 estados en cumplir con las pruebas de control de confianza a altos mandos, que por disposición federal abarca a secretarios generales de Gobierno, secretarios de Seguridad Pública, procuradores generales de Justicia, subprocuradores generales de Justicia, subsecretarios de Seguridad Pública, directores de Policías Ministeriales, directores y subdirectores de policías estatales.