Corte invalida en DF arraigo domiciliario en penas menores

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo que permitía el arraigo domiciliario cuando la pena máxima para el procesado no era superior a cinco años.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un artículo que permitía el arraigo domiciliario en el Distrito Federal cuando la pena máxima para el procesado no era superior a cinco años de prisión.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional el párrafo sexto del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el cual establecía la posibilidad de que a la persona procesada no se le privara de la libertad en "lugares ordinarios".

Además, el precepto señalaba que el procesado podía trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo.

Los ministros subrayaron que dicha reforma es ilegal, porque esa figura no está prevista de manera expresa en la Carta Magna.

La semana pasada, la Corte determinó que es inconstitucional la reforma que permitía a las autoridades de la Ciudad de México solicitar a un juez local privar de la libertad, de cinco a diez días, a las personas que son investigadas por cualquier delito.

El concepto denominado "detención con control judicial" previsto en el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, no era más que un pequeño arraigo, pero con otro nombre, figura que no está prevista en la Carta Magna, señalaron los ministros.

Los ministros coincidieron que la Asamblea Legislativa del DF se extralimitó en sus facultades, pues la exclusividad para legislar sobre el tema es del Congreso de la Unión.

Incluso Arturo Zaldívar Lelo de Larrea calificó de "fraude a la Constitución" la pretensión de burlar lo que marca la Carta Magna y los criterios del máximo tribunal de justicia del país.

"Tenemos el caso de que se legisla una figura muy similar al arraigo, pero se le da otra denominación para tratar, de manera poca disimulada, de salvar el criterio de la Corte, para impedir con base en la Constitución que se legisle en materia de arraigo.

"Esto técnicamente se llama fraude a la Constitución, tenemos una legislatura que legisla algo, le llama diferente, pero la figura es muy similar", puntualizó.