El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió al Congreso a aprobar la ley de seguridad interior y la reforma al modelo policial "más allá de tiempos electorales o de cálculos políticos", pues no se puede posponer 10 años más.
Detalló que esta urgencia la volverá a poner sobre la mesa hoy, durante su visita a la Cámara de Diputados. "Fijaremos nuevamente nuestra postura de la necesidad de dotar con las facultades legales para la actuación que ya viene haciendo el Ejército, que nunca estamos pensando en que ellos puedan suplir la actuación y la responsabilidad que tienen las propias autoridades locales y que de ninguna manera se está pensando que estén de manera permanente".
Respecto al nuevo modelo policial, señaló que es momento de legislar para "quitar nubarrones que algunos están queriendo poner", al asegurar que el gobierno pretende dejar de manera permanente al Ejército en las calles para suplir a las autoridades estatales y municipales.
Osorio Chong anunció que en los próximos días se hará, junto con las autoridades locales, un diagnóstico completo "para decirles cómo están sus policías y lo que estamos pidiéndoles hacia los próximos meses para que puedan también seguir recibiendo el respaldo y el apoyo de las autoridades federales".
El funcionario fue insistente en que urge que se legisle "si es el mando mixto como lo dispuso el Senado; si es la Policía Estatal Única, como lo está proponiendo el gobierno federal, o si es dejar la autoridad a escala municipal. Me refiero al mando de seguridad, no tenemos ningún problema, lo importante en que no se posponga más un tema que es fundamental para los mexicanos".
En ese sentido, reiteró que las autoridades locales también deben asumir su responsabilidad, pues "no pueden seguirse pasando las semanas y los meses; seguir posponiéndose o atrasándose.Por eso, es que creemos que es tiempo ya de poder legislar más allá de tiempos electorales o de cálculos políticos, lo que tenemos que hacer cada quien es cumplir con lo que nos toca y lo que nos corresponde en el marco de nuestras atribuciones".
Admiten controversia
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el municipio de Cuernavaca que encabeza Cuauhtémoc Blanco, quien impugnó la negativa del gobierno del estado de Morelos de dar por terminado el convenio de mando único policial.
Asimismo el mencionado ayuntamiento reclamó la "ilegal" aplicación del decreto por el cual el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, asume el mando de la Policía de Cuernavaca, misma que está usando "para fines políticos y ajenos a los intereses del municipio", ya que los uniformados han sido comisionados para proteger a funcionarios estatales.
El municipio dijo estar dispuesto a solicitar a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal el envío de fuerzas que sirvan de apoyo temporal a Cuernavaca.
Este no es el único caso que involucra al estado de Morelos, porque en enero de 2016 el ministro Javier Laynez Potisek, también admitió a trámite la controversia que interpuso el municipio de Tlaquiltenango, quien también impugnó el mando único; sin embargo, en esa ocasión, el ministro rechazó conceder una suspensión y devolver el control de la policía al alcalde Enrique Alonso Plascencia.
Ahora, el municipio considera que la medida adoptada es inconstitucional y representa una invasión a las competencias. Y agregó:
"Es evidente el fracaso del modelo de mando único policial en Morelos; el gobernador del estado está utilizando arbitrariamente el mando y los recursos de las instituciones de seguridad del ayuntamiento de Cuernavaca para fines políticos y ajenos a los intereses del municipio".
Igualmente, en la controversia, se menciona que hay un grave detrimento en el desarrollo, capacitación y fortalecimiento de la policía municipal, al existir un ejercicio ineficiente de recursos públicos en materia de seguridad; "más aún, se tiene conocimiento del desvío de elementos de la Policía Municipal a otras labores injustificadas y diferentes a la seguridad pública de Cuernavaca, incluyendo la seguridad personal de servidores públicos estatales".
Pese a la sentencia que en su momento dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que en el municipio de Cuernavaca probablemente surta efecto durante un mandato posterior al de Cuauhtémoc Blanco, por lo que "resulta necesario que futuros gobiernos municipales recobren el mando de su policía a efecto de fortalecerla y capacitarla, para que verdaderamente se pueda implementar una política pública que haga frente a los problemas de seguridad que aquejan el bienestar de los cuernavacenses".
"El uso arbitrario que el gobernador de Morelos ha hecho de la figura del mando único para dirimir una diferencia política es irresponsable y amenaza la seguridad de la gente de Cuernavaca. La controversia plantea un asunto de Estado: la subsistencia misma del municipio libre", enfatizó el municipio.
El ejemplo de Cuernavaca debe ser una alerta y la oportunidad de un debate, sobre las debilidades del modelo de mando único, siendo la principal el que se convierta en un instrumento de control político de los gobernadores frente a los ayuntamientos, apuntó el ayuntamiento.
"Por ello, como lo hemos hecho ante el sinfín de intentos por secuestrar al gobierno municipal, hemos tomado la ruta institucional, cuya respuesta acataremos con el respeto que el Estado mexicano merece", detalló el municipio.
Las autoridades de Cuernavaca dijeron estar dispuestas a convocar organizaciones especializadas de la sociedad civil, a las universidades y centros de investigación, a los organismos empresariales y a expertos en la materia.
Prevén sobreseer debate sobre 'ley Atenco'
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ley Atenco, discusión en la que el ministro Alberto Pérez Dayán propuso declarar inconstitucional el artículo 40 del mencionado estatuto.
Pérez Dayán planteó anular seis artículos, entre ellos el 40, y validar ocho más; el ministro se opone a que el uso de la fuerza pueda emplearse "como primera opción" por parte de las autoridades mexiquenses.
El asunto llegó a la Corte porque diputados locales de la 59 Legislatura del Estado de México y las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Derechos Humanos del Edomex promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la citada ley.
Los diputados locales, quienes aprobaron el estatuto, ahora buscan que la Corte la invalide en su totalidad.
Sin embargo, Pérez Dayán propuso sobreseer la acción presentada por el congreso mexiquense, bajo el argumento de que el recurso fue presentado por la mayoría de los diputados locales (51, que equivalen a 68 por ciento de los legisladores), por lo que ellos mismos pudieron haber derogado toda la ley.
