A 2 años, atorado el caso de 14 policías federales

Las víctimas, dos agentes de la CIA y un marino mexicano, no han vuelto a declarar; el auto afectado está en EU, la corporación dejó de apoyarlos y sus cuentas bancarias fueron congeladas.
El peritaje en el lugar de los hechos del 24 de agosto de 2012 en el poblado de Tres Marías.
El peritaje en el lugar de los hechos del 24 de agosto de 2012 en el poblado de Tres Marías. (Jesús Quintanar/Archivo)

México

Los 14 agentes de la Policía Federal que participaron en un operativo antisecuestro y que fueron acusados de atacar un auto diplomático en el que viajaban dos agentes de la CIA y a un elemento de la Secretaría de Marina han visto mermadas sus esperanzas de recobrar pronto su libertad.

A dos años y cinco meses del incidente en Huitzilac, Morelos, los estadunidenses y el marino no han vuelto a declarar.

Además, el desahogo de pruebas se ha tornado lento, porque el automotor que recibió los impactos de arma de fuego, que a decir de los federales se trató de una confusión, no está en México sino en Estados Unidos.

Los agentes federales y sus familias denunciaron la falta de apoyo por parte de la corporación policiaca a la que pertenecen, la cual, aseguran, los abandonó.

Asimismo, uno de los acusados tiene congelada una cuenta bancaria por 38 mil pesos, pese a que nunca se le imputó el presunto delito de delincuencia organizada.

Este suceso provocó en 2012 que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (Semar) se confrontaran con la extinta Secretaría de Seguridad Pública, hoy Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ya que las dos primeras instituciones refutaron la versión de la dependencia que encabezó Genaro García Luna, en torno a cómo ocurrieron los hechos.

MILENIO contactó a familiares de agentes, abogados, así como al subinspector de la Policía Federal, Jorge Alberto Vargas Camacho, este último preso en el penal de máxima seguridad del Occidente, en Puente Grande, Jalisco.

Denunciaron que su proceso penal está atorado y no saben hasta cuándo podrán recuperar su libertad.

SUBINSPECTOR

A través de una carta se pudo contactar a Alberto Vargas, quien a nombre de sus compañeros, manifestó que se “encuentran privados de su libertad de manera injusta”, como si fueran “vulgares delincuentes”.

Enfrentan, señaló, “un proceso engorroso y muy lento; afectando de manera irreversible nuestro entorno moral, social, laboral, familiar y sobre todo económico”, relató.

Aseguró que el operativo del 24 de agosto de 2012, cuando participaron en una acción antisecuestro, “estuvo acéfalo, plagado de errores y confusiones por ambas partes”.

Sin embargo, dijo que “es totalmente falso todo lo que se ha dicho de nosotros”, en el sentido de que atacaron deliberadamente a los estadunidenses y al marino.

“A la fecha no se han vuelto a dejar ver los norteamericanos (Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner) ni han ratificado su denuncia. Incluso enviaron un escrito donde dicen que ya no se presentarán, pues la soberanía de su país así se los permite y es su voluntad no presentarse.

“Con respecto al vehículo Toyota Land Cruiser modelo 2010 (camioneta blindada con placas diplomáticas BCM-242 expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores) que resultó dañada por impactos de arma de fuego, a mi parecer evidencia central de los hechos que nos tiene a la fecha recluidos, resulta que por órdenes de ¿no sé quién?, y bajo la autorización de ¿no sé quién?, resulta que ya se encuentra en los Estados Unidos.

“Y cuando se solicitó el peritaje de la misma (camioneta), el gobierno de EU contestó que solo permitirá tal peritaje si es que los peritos en cuestión se trasladan por su cuenta a Miami, Florida”. Agregó que la camioneta blindada no debió salir del resguardo de la PGR.

MÁS DENUNCIAS

Por su parte, familiares del agente Rafael Rivera comentaron que las audiencias se han diferido, porque el capitán de fragata Fabián Molino Y era no se presenta al juzgado.

Indicaron que el caso está plagado de irregularidades y que no es justo que Rivera y los demás estén encarcelados cuando solo estaban cumpliendo su trabajo, pues realizaban acciones antisecuestro. Recordaron que horas antes del incidente, los federales rescataron a quien fue identificado como Salvador Vidal Pérez Flores.

Las autoridades, abundaron, no han apoyado en nada a los 14 agentes. Desde el día de su detención “les cortaron su sueldo”, cuando ellos se presentaron voluntariamente tras el lamentable suceso. Detallaron que las cuentas bancarias de Rafael Rivera fueron intervenidas por la PGR, una de ellas con un saldo de 38 mil pesos, aperturada en Banamex: no obstante, otra cuenta, relacionada con un crédito solicitado a HSBC por 100 mil pesos, fue descongelada y la tuvieron que pagar.

“Hay errores con dolo y hay errores sin dolo”, expuso uno de los hermanos del agente, quien dijo que Rafael y los demás únicamente se encontraban haciendo su trabajo.

DEFENSA

Marco Aurelio González, uno de los representantes legales de los federales, señaló que hasta mayo próximo se reanudarán las diligencias en el juzgado cuarto de distrito de Morelos.

Mencionó que a dos años del incidente solo se han llevado careos supletorios y faltan los careos constitucionales, particularmente con el capitán Molino. Esperan, añadió, que el marino no esté comisionado en otra región del mundo.

Actualmente, los agentes Jorge Alberto, José Uriel Garrido Franco, Emir Sánchez García, Ranulfo Ruelas López, Carlos Sánchez Durán, Héctor Francisco Martínez Leyva y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, están presos en el penal del Occidente.

Mientras que Gerardo Ramírez Garduño, Rafael Rivera Córdova, Tomás Romanillo Armenta, José Cruz Ortega, Raúl Sánchez Fonseca y Francisco Humberto Segovia Domínguez están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 9 de Chihuahua.

Por lo que hace a Ivonne Moreno Romero se localiza en el Centro de Reinserción Estatal de Chihuahua.

Los federales enfrentan un proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, falsedad de declaraciones y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El único que está libre es Juan Manuel Pacheco Salgado, quien estaba comisionado como supervisor operativo zona B de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el DF. A él solo se le acusó de encubrimiento.

VERSIONES

La extinta SSP aseguró que la presencia de los agentes en las inmediaciones del poblado de Tres Marías se debió al secuestro del funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia Salvador Vidal López Pérez, y después sobrevino la confusión.

Los agentes declararon que por órdenes de sus mandos vestían ropa de civil y se transportaban en vehículos no balizados. En la agresión a la camioneta diplomática participaron los tripulantes de tres vehículos particulares, que son propiedad de los federales: un Chevy azul, una camioneta Voyager verde, una camioneta X-Terra amarilla y un Sentra gris.

Sin embargo, la PGR informó que el plagio de Salvador Vidal no guardaba relación con este asunto.