Presuntas irregularidades mantienen presa a anciana

Piden a la Corte revisar el caso de María Cristina Rojas. Familares y diversas organizaciones acusan tráfico de influencias.
La Corte desechó el caso el año pasado.
La Corte desechó el caso el año pasado. (Araceli López)

México

Pese al tiempo transcurrido, María Cristina Rojas y Martínez no pierde la esperanza de recuperar su libertad porque sabe que cuenta con el apoyo de su familia, amigos de organizaciones no gubernamentales y activistas que creen en su inocencia.

Desde hace seis años Rojas permanece en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Fue condenada a 20 años de prisión por el homicidio de María de la Luz Gutiérrez Escalante.

El año pasado, el caso estuvo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fue desechado; hoy, el asunto ha vuelto a la misma sala, a través de otra estrategia legal.

A la causa de María Cristina Rojas se han sumado I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Mariclaire Acosta Urquidi, por mencionar algunas organizaciones y activistas, quienes han demandado la libertad de la mujer por presuntas irregularidades en el proceso.

I(dh)eas denunció que en este asunto existió un supuesto tráfico de influencias por parte de Arturo Sánchez Gutiérrez, sobrino de la víctima, quien fue consejero en el Instituto Nacional Electoral hasta el año pasado.

MILENIO tiene copia del amicus curiae (la figura amigo de la Corte es un punto de vista que se brinda sobre algún tema en particular, el cual puede ser tomado o no en cuenta al momento de resolver un caso) presentado por el abogado Fernando Güido Jasso, integrante de i(dh)eas, donde se menciona:

“Se sugiere incluso estar en presencia de un caso paradigmático de muestra de tráfico de influencias de parte de quienes se ostentan como ofendidos, principalmente del señor Arturo Sánchez Gutiérrez, dada la queja administrativa empleada contra el titular anterior de ese juzgado, tendiente a inutilizar las constancias probatorias recabadas con motivo del desahogo de las ampliaciones de sus declaraciones de sus familiares, plagadas de contradicciones, incluso reveladas en los careos también desahogados en dicha oportunidad así como amedrentar al órgano, tratándolo de predisponer a su favor…”

Cristina de la Rosa, hija de María Cristina, dijo confiar en que la primera sala de la Corte preste atención al caso de su madre de 67 años de edad; de no ser así, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o solicitarán la prisión domiciliaria. No hay más caminos, dice su hija.

Los hechos

El 29 de febrero de 2012, aproximadamente a las diez y media de la noche, María de la Luz Gutiérrez Escalante y María Cristina Rojas fueron víctimas de un asalto, dentro del departamento 2, de la calles Adolfo Prieto 1330, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, el cual tuvo como consecuencia la muerte de la primera de las mencionadas.

Según las autoridades, Cristina Rojas abrió la puerta del departamento sin embargo, peritos demostraron que la chapa fue forzada, es decir, que ella nunca le abrió a los ladrones.

Las dos mujeres fueron sometidas por los delincuentes.

Por estos sucesos se integró la averiguación previa ejerciéndose acción penal sin detenido contra la quejosa, además se solicitó a un juez, el libramiento de la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Cumplimentada la orden de captura el juez 67 penal con sede en Ciudad de México, a quien correspondió el conocimiento de los hechos, dictó sentencia condenatoria el 9 de marzo de 2015, y consideró plenamente responsable a la quejosa en la comisión de delito de homicidio calificado, por haberse cometido con ventaja, traición y alevosía, imponiéndole entre otras sanciones, una pena de 20 años de prisión.

Inconforme con la determinación anterior, la sentenciada apeló, pero el 26 de noviembre de 2015, la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México confirmó la sentencia.

De acuerdo con expedientes y versiones de familiares, María Cristina llegó como inquilina de la víctima, por recomendaciones y referencias dadas por la propia hermana de aquella.

Rojas y Martínez fue presentada por la policía el mismo día del crimen como víctima u ofendida y como testigo.

Según los documentos presentados por I(dh)eas y Mariclaire Acosta ante magistrados locales, se descubrió la existencia de otro testamento de la víctima, a favor de Cristina Rojas y Martínez, a quien le heredaba el departamento.

La familia de la víctima impugnó el testamento nuevo a favor de María Cristina Rojas por ser supuestamente falsa la firma; sin embargo, dictámenes periciales dieron cuenta de la autenticidad del documento testamentario.

Lo anterior, afirman familiares de María Cristina, dio un giro radical al caso que mantiene en prisión a la mujer de la tercera edad.