Sentenciados tienen 8 años para promover amparo directo: Corte

Las personas que recibieron sentencias definitivas a partir del 3 de abril de 2013 podrán beneficiarse de la declaratoria de constitucionalidad.
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Las personas que comenzaron a recibir sentencias definitivas a partir del 3 de abril de 2013 podrán beneficiarse de la ley. (Cortesía)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la fracción segunda del artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, la cual concede un plazo de ocho años a las personas para promover un amparo directo cuando reciben una sentencia definitiva que los prive de su libertad.

El plazo sólo aplicará a las personas que comenzaron a recibir sentencias definitivas a partir del día que entró en vigor el nuevo estatuto, es decir, el 3 de abril de 2013.

El amparo directo tiene como finalidad alegar vicios (que ocurrieron durante el transcurso del juicio) o de fondo, o bien cuestiones sobre inconstitucionalidad de normas de carácter general, leyes, tratados internacionales, reglamentos, entre otros.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte subrayó que el plazo que marca la nueva ley promulgada el 3 de abril de 2013, no viola los derechos humanos, sino que brinda seguridad jurídica tanto a los sentenciados como a las víctimas.

Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pidieron declarar inconstitucional la fracción del mencionado artículo al que calificaron como de regresividad.

Indicaron que dicho precepto viola los derechos humanos al establecer un término a los sentenciados, temporalidad que no contemplaba la anterior Ley de Amparo.

La ministra ponente Olga Sánchez Cordero pidió declarar constitucional el plazo, pues mencionó que la medida legislativa busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado, y los de las víctimas, sin generarle al afectado, por una sentencia condenatoria, un obstáculo desproporcionado que le impide ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales dijo que esta medida beneficiará a las personas, porque les da el margen para interponer sus juicios de defensa, además de que se les da seguridad a las víctimas de saber que hay un plazo y que esa sentencia es definitiva y que no existe otro recurso.

Sobre el estudio de constitucionalidad, frente al plazo que no existía en la ley anterior, dijo que la reforma no la ve como regresividad, pues la regresividad se da cuando se reduce el plazo.

"No existe algún motivo de inconstitucionalidad de la nueva norma y mucho menos de regresividad. Existe seguridad jurídica a favor de las víctimas", expresó.